Sainz de Robles reprocha al Gobierno que base la reforma judicial en la sustitución de muchos, de los actuales jueces

BONIFACIO DE CUADRA El rey Juan Carlos declaró ayer abierto el año judicial, tras presidir el acto solemne de apertura, celebrado en el salón de plenos del Tribunal Supremo. El presidente de este alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Federico Carlos Sainz de Robles, acusó al Gobierno de proyectar una ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) cuyas modestas reformas se orientan, según dijo, no a mejorar el funcionamiento de la justicia de cara a la sociedad ni a diseñar el modelo de juez de la Constitución, sino a responder al esquema de que "hacen falta más jueces y también jueces distintos".

Sainz de Robles se separó durante su intervención no sólo del tradicional modelo de acto protocolario de apertura de los tribunales, sino también de los 45 folios de discurso escritos para el mismo y previamente distribuidos a la Prensa. Tras la presentación de la Memoria del año judicial por parte del fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, y en presencia del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, que, sentado a la izquierda del Rey, pronunció discurso alguno en el acto, el presidente del CGPJ hizo una crítica de la futura LOPJ, en la que echó de menos una reforma modernizadora de la justicia que entronque la figura del juez con las exigencias constitucionales.Especial atención dedicó al amparo judicial reclamado por el artículo 24 de la Constitución para "todas las personas", a las que reconoce el "derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales", y a las exigencias del artículo 9 en orden a la promoción por los poderes públicos de las condiciones "para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas". Asimismo, denunció que el proyecto de ley, en lugar de abordar qué clase de jueces requiere la Constitución y qué métodos de selección son necesarios para reclutarlos, simplifica el problema decidiendo que hacen falta muchos y arbitrando el acceso directo como solución.

Sainz de Robles, que había iniciado su discurso diciendo que la muerte había, respetado durante 1983 a todos los magistrados del Tribunal Supremo, a diferencia de lo ocurrido con la jubilación (actualmente establecida a los 72 años), que afectó a varios de ellos, censuró duramente, ante un auditorio integrado en su mayoría por veteranos magistrados, la iniciativa gubernamental de adelantar la jubilación de los miembros de la carrera judicial a los 65 años.

El vacío que produce por arriba la comprensible y drástica rebaja de la edad de jubilación", dijo, "no permite tenerse en pie al argumeto de la falta de jueces". Añadió que los magistrados "jamás han pretendido un privilegio para sí", y que, aunque le repugnara plantearlo, debía reclamar un nivel económico más alto.

La jubilación anticipada, un'ida al sistema de acceso directo a la carrera judicial, permitieron al presidente del CGPJ afirmar que lo que el Gobierno proyecta no es tanto cubrir la necesidad de nuevas plazas judiciales sino conseguir que gran parte de los jueces sean distintos a los actuales.

Modelo de juez

Censuró también que, mientras tanto, del proyecto de LOPJ no fluye el modelo de juez constitucional, del mismo modo que "la lectura que ha dado a la reforma del funcionamiento de la justicia no pasa", señaló, "del diseño reglamentario del régimen interno de los tribunales".

El presidente del Tribunal Supremo aseguró que la revolución de la justicia está hecha en la Constitución, y q ue sólo hay que darle forma, cosa que no ha hecho el proyecto de LOPL Entre otras reformas progresistas no acometidas, se refirió a la necesaria dependencia orgánica de la policía judicial respecto a la administración de justicia. Reprochó asimismo la timidez con que el proyecto de LOPJ traza la frontera al ámbito de la jurisdicción castrense y estimó "inoportuna y peligrosa para el Tribunal Constitucional" la exigencia de que su interpretación prevalezca "en todos los casos", habida cuenta de que la doctrina emanada del alto tribunal avanza y no está petrificada.