Asociaciones vecinales consideran inoperante el plan piloto para prevención de la delincuencia

El plan piloto de prevención de la delincuencia en los barrios de San Blas, Orcasitas y Pan Bendito, los más afectados de la ciudad por la delincuencia y las toxicomanías, "no ha dado ningún resultado tras su presentación en Madrid hace ahora un año", en opinión de diversas asociaciones de vecinos. Sin embargo, el director general de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, Joaquín Guillén, ha manifestado: "Si no gastamos todo el presupuesto -328 millones- para poner en marcha el plan se debió, en gran medida, a la falta de proyectos viables". Por su parte, Juan Torres, ex secretario del plan acusa a la Administración de "parálisis política".

Santiago López Payo, responsable de la comisión de juventud de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, explicó que "desde abril del pasado año no se ha hecho prácticamente nada, y la oferta de crear un patronato con carácter privado, que agilizara el plan con intervención de la Administración, nos parece que no es la fórmula para dar soluciones a problemas muy graves".En la reunión mantenida el pasado lunes por representantes de 25 barrios madrileños y diversas asociaciones juveniles, en la que se decidió que "el problema de la juventud en su conjunto no es el de buscar un patronato, porque es la Administración la que tiene que dar soluciones a problemas muy graves", se acordó presentar un extenso programa de actuaciones que va desde la creación de plataformas de unidad en los barrios hasta el fomento del empleo juvenil o el de creación de centros sociales, "porque no hay duda de que el tema de la droga va directamente aparejado con el hecho de que el paro afecta al 60% de los jóvenes madrileños", según López Payo.

Los representantes vecinales plantearon también la necesidad de organizar una seria campaña de concienciación ciudadana para acabar "con esa idea de que el joven sólo es delincuente, drogadicto o vago".

Joaquín Guillén, director general de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, que nombró ayer a José Antonio Ubierna como nuevo secretario del plan piloto de prevención de la delincuencia, en sustitución de Juan Torres, que dimitió del cargo el pasado 31 de marzo, admite que problemas burocráticos, financieros y administrativos, junto con la falta de proyectos viables, "impidieron que el pasado año gastáramos los 328 millones presupuestados".

Búsqueda de fórmula política

El problema, en opinión de Guillén, es la diversidad de organismos implicados en el plan -Delegación del Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid- por lo que "es necesario encontrar la figura jurídica que asuma y centralice la gestión para que todo se desarrolle con una mayor agilidad".Sobre los 328 millones de pesetas presupuestados para el pasado año, de los que sólo se gastaron 240 millones, -el resto se acumula a los 220 millones más, provisionalmente aprobados para este ejercicio-, aseguró que lo gastado ha servido para poner en marcha el plan, ya que "están en funcionamiento centros de educación compensada para jóvenes de 14 a 16 años en Orcasitas y San Blas; un polideportivo en Pan Bendito; se ha arreglado el parque de Orcasitas y pronto estará en marcha un centro social en San Blas, en el que se han invertido 40 millones de pesetas".

Junto a la creación de talleres de carpintería, electricidad, mecánica, corte y confección, etcétera, el plan ya ha pagado 1. 128 jornales mensuales, entre los que destacan las brigadas de ayudas domiciliarias, así como a un equipo de abogados, asistentes sociales y psicólogos "que han tenido un seguimiento constante de asistencia en comisarías, cárceles y reformatorios de jóvenes delincuentes".

Bloqueo administrativo

Guillén manifestó que, tras el rodaje, "este año tiene que ser definitivo para que el plan funcione en toda su extensión", y admite que lo más importante es "poner en marcha centros de prevención para jóvenes con alto riesgo delictivo, centros urbanos no desligados de su barrio, en la medida de lo posible".Por su parte, Juan Torres, que dimitió de la secretaría del plan el pasado 31 de marzo, explicó que las razones de su decisión se debe al bloqueo administrativo del plan, "que no es casual porque responde a una parálisis política aunque ignoro si es por incapacidad o por mala voluntad". Torres piensa que las perspectivas futuras no van a cambiar y que uno de los elementos claves es "la falta de participación ciudadana, a la que no se la convoca desde el pasado mes de diciembre, fecha en la que ya se iniciaba el programa estudiado".

El ex secretario piensa que con la mínima estructura creada "el plan es válido siempre que haya voluntad política". "Lo que es absurdo", añade, "es el bloqueo administrativo cuando la mayoría del presupuesto estaba destinada a la contratación de personal".