La inseguridad social

El conflicto de las pensiones es algo más que un detonante o una situación límite, y bastante más aún que la última gota que colma el vaso de múltiples y continuadas cesiones, hechas en pro de la unidad de la familia socialista.El conflicto de las pensiones tampoco es una prueba de fuerza con la que comprobar si en este país y en su política económica mandan los sindicatos o se las tiene firmes el presidente, señor González.

Y para acabar con toda esta retahíla de mucho de lo que ese conflicto no es, tampoco es verdad que, en esa discutible medida, tenga que disociarse obligadamente el pensamiento del hombre de Estado, que mira hacia todo el país, de quien tiene que representar y salvaguardar los intereses generales, frente a los que se ven reducidos a sectorizar su representación y defensa, para una clase bien determinada.

El conflicto de las pensiones, su reforma, no es disociable de esas otras reformas que se dirigen a suprimir la prórroga legal de los contratos de arrendamiento urbano o permiten la modificación unilateral del destino del local arrendado; tampoco es separable de la flexibilización de plantillas, de la dura reconversión industrial, de las cada día más frecuentes desgravaciones fiscales, de las generalizadas reducciones de la cuota de la Seguridad Social o de las fabulosas inversiones públicas en el saneamiento empresarial.

Vamos a poner las cosas en su sitio. Analicemos seriamente el porqué y el para qué del verdadero problema. El presupuesto del Estado es el reflejo de una política bien concreta, pues con el juego de sus cifras, con sus equilibrios, pone de manifiesto unas prioridades, la valoración de unas necesidades y la toma de postura por unos u otros intereses, se vista como se vista y se adorne o no con la grandilocuencia de la racionalidad, de la modernidad, de los grandes intereses de la patria y del sentido de nación.

Recuperar los beneficios

Y las cuentas salen clarísimas. El presupuesto del Estado, y en suma la política económica del Gobier no y del partido que lo sustenta, han apostado primordialmente por la recuperación de la tasa de ganancia, del beneficio o de la plusvalía del sector financiero e industrial de este país, creyendo que, de alcanzarse ésta, ello producirá tres grandes objetivos: la profundización y estabilización de la democracia; la salida de la crisis económica con la dinamización de la producción, de la demanda y la creación de empleo, y la instalación del país en el concierto internacional con plena personalidad, soberanía y sin dominación económico-política alguna.

A ello obedecen todas las medidas, sobre las cuales hay que dejar de lado los adjetivos y la bizantina discusión de si son reaccionarias o liberales, de si son más o menos socialistas y de si son más o menos audaces por la influencia que ejerzan en el propio electorado.

El presupuesto del Estado, aquí y ahora, se ha colocado al servicio de los intereses del empresariado, de sus beneficios materiales, de su filosofía de valores y del sistema político capitalista nacional e internacional. Negar esto es ser ciego o ser un falsario. Y para quienes han tomado la decisión debe ser así. Para ello se ha hecho un reajuste de caballo, sacando de dicho presupuesto la ingente financiación de la reconversión industrial, la no menos sabrosa de la bancaria, la destinada a la impulsión de la industria electrónica y, en suma, la de la mayoría del aparato productivo privado, al que además se le está paulatinamente eliminando toda clase de competencia del sector público por la fácil vía de su supresión o privatización y del privado por medio de las quiebras y suspensiones de pago de los no seleccionados o bienquistos.

Para mantener ese modelo de sociedad, la filosofía de la esa mal llamada economía libre de mercado, a la que sirve como anillo al dedo el sistema constitucional parlamentario de democracia delegada, se ha configurado, con y desde el presupuesto del Estado, un sistema institucional que se ve con expresa claridad interaccionando la ley electoral, la de financiación de partidos y sindicatos, la regulación de las autonomías, la de régimen local, las leyes de Educación y de Universidad, y la ley de reforma de la función pública, entre otras.

CEE y OTAN

Y para mantener la vigencia de todo ello se ha producido la lógica incardinación económico-bélica en el Mercado Común y en la OTAN, que es absolutamente cierto que son su corolario indispensable.

Pero así como las cuentas están claras 31 las cifras son contablemente contempladas, la realidad, sin embargo, va por otro lado. Resulta que de la crisis económica no se sale; que el paro aumenta y va a seguir aumentando, entre otras cosas, porque las nuevas relaciones industriales se apoyan más en la automatización y en la máquina que en el factor humano; vemos crecer el número de marginados y marginales; se reduce el sector de servicios sociales; aumenta la miseria en grandes capas de la población, y ello, aunque la represión institucional trate de evitarlo y de ocultarlo, va a crear una situación realmente explosiva cuando del pasotismo y de la insolidaria inhibición se salte conscientemente a la puesta en cuestión de todo este entramado, pues para que funcione la adormidera de la sociedad de consumo se exige que haya al menos consumo, y si éste falta, con él desaparece el consumo en que toda sociedad se basa. Y así se debilita día a día el crédito en las instituciones democráticas.

El papel de las minorías

La incorporación modernizadora a la Europa de los capitales y de los misiles, paradójicamente, agudiza aún más la necesidad de seguir recortando el presupuesto de lo conveniente y necesario hacia lo obligado, lo malversador y dilapidante, y cada día vamos enterrando y enterrando más millones de dólares en chatarra bélica, con lo que menos dólares hay y habrá para pensiones, hospitales, escuelas, cooperativas, viviendas.

Y para justificar toda esta locura se dice que no hay alternativa, y esto es lo más grave de la posición, porque traslada a dogina de infalibilidad la ceguera o el desprecio hacia otros valores, descalificando a quienes sabemos y bien claro que hay otras alternativas para racionalizar y desprivatizar el presupuesto, para poner delante de verdad los bueyes y luego la carreta; para volver, aunque parezca ridículo, ingenuo, utópico, a reordenar una sociedad en la que paguen más los que más tienen, reciban la general solidaridad los que siempre han estado privados de todo, donde se gaste el patrimonio co mún en necesidades comunes y en la que nuestro trabajo y esfuerzo quede aquí, para impulsar nuestro progreso y no para alimentar los imperiales sueños, teñidos de sangre humana, del nuevo fascismo que alborea y que recupera hasta un lenguaje que debía estar olvidado, plagado de totalitarismo, de generalización demagógica y un hacer político-tecnocrático en el que el bosque de las cifras no deja ver los jóvenes árboles abandonados y comidos por la maleza y donde se talan los viejos troncos porque estorban a los fabricantes de cemento, acero y destrucción de las modernas ideologías del colonialismo y el imperio.

Las minorías, no responsables del poder, tenemos hoy como básico papel sólo nuestra palabra; pero este reducido papel no puede abandonarse para que cuando pase el coyunturalismo pragmaticista su caída no arrastre con él ni valores ni siglas, comportamientos ni talantes que nada tienen que ver con aquello que soportamos no pacientemente, sino críticamente, sabiendo serenamente que la alternativa existe, por poca fuerza que hoy tenga y difícil que sea hasta su explanación y su difusión. El socialismo no caricaturizado sigue siendo afortunadamente otra categoría de valores, otra racionalidad, otra opción; en suma, otra política, y no sería,bueno que le prestara su nombre a lo que precisamente trata de erradicarlo, desde el totalitarismo negador de la libertad humana o desde el liberalismo negador de su dignidad y su fraternidad.

Reformar efectos y dejar intocadas las causas es la gran apariencia del reformismo consolidador y saneante que fortalece el sistema en lo político, lo económico y lo ideológico.