El Ayuntamiento pide que se investigue si los 111.500 recibos falsificados fueron cobrados a los contribuyentes

El Ayuntamiento de Madrid solicitó ayer ante el juzgado de guardia que la policía compruebe si los 111.500 recibos presuntamente falsificados por Carlos Miguel Pérez Vielva, empleado de la oficina de recaudación municipal ejecutiva de la zona de Ciudad Lineal, han sido cobrados a contribuyentes que abonaron en su día los tributos municipales. Según el letrado municipal Antonio Pedreira, con la aportación de estos nuevos datos, el fraude, que en un principio se estimaba en 361 millones de pesetas, podría alcanzar la cifra de 500 millones.

En el escrito de Pedreira Andrade se pide también que se embargue un apartamento en Benidorm, propiedad de José Monge, cajero titular de la oficina de recaudación, así como una casa que ha heredado. Monge, del que también se ha pedido su procesamiento junto al hijo del recaudador, Francisco Merino, se encuentra en libertad condicional.Por otra parte, se pide también que se embarguen varios inmuebles pertenecientes al titular de la oficina de recaudación, Fermín Merino Rodríguez, que se encuentra en la prisión de Carabanchel desde el pasado 31 de mayo, acusado de presunta malversación de fondos públicos por valor de 361 millones de pesetas, así como de otros inmuebles propiedad de su esposa, María Rosario Martínez Suárez, "para que se abstenga de enajenarlos"

Entre otras irregularidades advertidas destaca el hallazgo de una escritura sin fecha, ante el notario de Madrid José Luis Martínez Gil, en la que se explica la venta de dos locales y dos viviendas situadas en el término municipal de la Mangadel Mar Menor (Murcia), propiedad de Martínez Suárez. En este caso, el Ayuntamiento no sólo solicita que no se realice la enajenación sino que también pide que se oficie al notario por no figurar en el documento la fecha de la firma de compraventa.

Para Pedreira, el tema que más preocupa ahora es comprobar si los recibos falsificados sólo sirvieron para presentarlos en las inspecciones municipales con cantidades menores a las realmente percibidas de los contribuyentes o si éstos fueron cobrados a los contribuyentes que en su día abonaron los impuestos municipales. En el segundo caso el fraude sería doble, ya que, legalmente, el Ayuntamiento no ha cobrado, y los contribuyentes, a pesar de haber pagado, figuraría que no lo han hecho al recibir un recibo falso. Con estos nuevos datos, según el letrado municipal, el fraude podría alcanza los 500 millones de pesetas.

Difícil diferenciación

Según las investigaciones de la Policía Judicial que se ocupa del caso, los 111.500 recibos falsificados en la imprenta Systeco, SA, son imperceptiblemente diferentes a los que imprime la Imprenta Zubiri, SA, única legalmente autorizada para realizar este tipo de trabajos.Los recibos relativos a las. tasas de alcantarillado, del arbitrio de radicación, de recogida de basuras y del arbitrio de solares edificados y sin edificar, así como de la tasa de aprovechamiento de la vía pública y entrada de carruajes y del impuesto de circulación, fueron realizados en diciembre de 1982 en la imprenta Systeco, SA, sin que su titular, Francisco Lucena López, en declaraciones a la policía, supiera el trabajo fraudulento que realizaba, ya que con anterioridad había recibido encargos de fotocopias de documentos o papeles variados por parte de Carlos Miguel Pérez Vielva, a quien dijo que creía recaudador oficial del Ayuntamiento. Puestos al habla con Francisco Lucena López -cuyo procesamiento ha sido solicitado-, se remitió a sus declaraciones efectuadas ante la Policía Judicial.