Los liberales colombianos acusan al presidente Betancur de provocar "la demencia del M-19"

Una lluvia de críticas desde los diferentes sectores políticos de Colombia se ha desatado contra la actuación del Gobierno del presidente Belisario Betancur en el caso del asalto al Palacio de Justicia de Bogotá. El Partido Liberal, segunda fuerza política del país, ha iniciado un juicio de responsabilidades en el Parlamento para debatir la decisión gubernamental de imponer una solución militar a la ocupación del palacio. Los liberales acusan a Betancur de "haber incitado ton sus actos la demencia del M-19".

El candidato presidencial de la tercera fuerza política de Colombia, Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, estimó que la respuesta "ciega" del Estado forma parte de "la estrategia política de quienes saben que ese es el camino para conseguir el desmoronamiento de las instituciones".El Gobierno, y el propio jefe del Estado, han reiterado que la decisión de atacar a los guerrilleros del Movimiento Diecinueve de Abril (M-19) que ocuparon el Palacio de Justicia partió del Ejecutivo y que, por tanto, asumían la responsabilidad de los hechos. El total de muertos se eleva a 95, de los cuales 12 eran jueces, incluido el presidente de la Corte Suprema, 35 guerrilleros, una treintena de funcionarios del palacio, nueve miembros de las fuerzas armadas y el resto civiles.

Alfredo Vázquez Carrizosa, ex ministro de Asuntos Exteriores del presidente conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974), y una de las voces políticas más respetadas de Colombia, se preguntaba en un editorial periodístico: "¿Hubo presión militar para que no se permitiera el diálogo con el M-19?". El ex ministro recuerda en su artículo que Betancur manifestó tras el cruento desalojo del palacio, que "el Gobierno no negocia cuando están en juego las instituciones"; pero, sin embargo, este planteamiento no impidió que el propio presidente se reuniera el año pasado con los máximos dirigentes del M-19 en Madrid y México para tratar sobre el proceso de paz que el Gobierno estaba impulsando.

Las llamadas telefónicas del fallecido presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, al jefe del Estado, de las que hay testigos, nunca recibieron respuesta de Betancur y las mediaciones que Reyes solicitó para que cesara el fuego tampoco dieron el fruto buscado.

El candidato presidencial Luis Carlos Galán consideró que la acción del M-19 fue "bárbara", pero matizó que ello "no significa que se justifique todo procedimiento para aplastarla". En su opinión, debió haber diálogo con los asaltantes del Palacio de Justicia.

Por su parte, las autoridades militares consideran correcta su actuación al dar una solución de fuerza a la toma del palacio.

Entre tanto, el Ministerio de Justicia designó una comisión de jueces para que investigue las circunstancias que rodearon los sangrientos hechos, sobre los que penden muchos interrogantes, como la razón de que se retirase la protección militar a la sede judicial la víspera de la ocupación del M-19.

A propósito de un mensaje que el Gobierno afirma haber enviado a los guerrilleros, pero que nunca llegó a su destino, los periodistas preguntaron al ministro de Justicia, Enrique Parejo, si "el Ejército se le fue de las manos al Gobierno", a lo que respondió que "no", y explicó que el mensaje no llegó por las dificultades derivadas del enfrentamiento. "No es que se hubiera querido frustrar el mensaje", dijo, aunque reconoció que "hay aspectos que no están claros".

La familia del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, envió una carta a Betancur en la que rechazaban el decreto de honores en favor del alto magistrado fallecido.

La Asociación Nacional de Empleados de la Función Judicial continuó ayer su huelga indefinida en protesta por la actuación gubernamental. La entidad gremial exige para suspender la huelga que el Gobierno explique por qué no atendió las solicitudes del juez Reyes de que se de tuviera el asalto del Ejército.