El sumario contra Demetrio Madrid se ampliará con nuevas diligencias

La Audiencia Territorial de Valladolid acordó que es necesario realizar nuevas diligencias que completen el sumario antes de adoptar una decisión definitiva sobre el procesamiento o no de Demetrio Madrid, presidente de la Junta de Castilla y León, como consecuencia de la querella presentada por 11 de las 13 trabajadoras de la empresa textil Pekus, por supuesta venta fraudulenta.Las nuevas diligencias que deben realizarse, según manifestó ayer en conferencia de prensa Teófilo Ortega, presidente de la audiencia territorial, consisten en la toma de declaración a un letrado que intervino en el trámite de la venta y a dos trabajadoras no querellantes, y en ampliar el testimonio presentado en su día por Adolfo Madrid, hijo del presiente del Ejecutivo regional, que fue, al parecer, el representante de la familia Madrid López en el proceso de enajenación de la empresa. Teófilo Ortega indicó que estos trámites podrían prolongarse durante dos o tres semanas, al término de las cuales el pleno de la audiencia volverá a reunirse para, una vez adjuntadas estas nuevas declaraciones al expediente -que consta ya de unos 1.000 folios-, se adopte una resolución.

La tramitación judicial del caso Pekus, con indudables repercusiones políticas, sufre así un nuevo aplazamiento tras otra punta de sierra de expectación general ante la posibilidad de que la decisión judicial hubiera comportado decisiones definitivas.

La empresa textil Pekus, propiedad de Demetrio Madrid, fue vendida a Esteban Cisneros, antiguo operario de la factoría. Once de las trece trabajadoras de la misma presentaron el 20 de diciembre una querella por supuesta venta fraudulenta, que fue poco después admitida a trámite por la Audiencia Territorial de Valladolid.

Las trabajadoras querellantes señalan que no han cobrado salarios desde agosto del pasado año, un mes después de que se materializara el cambio de propiedad en la empresa. Las demandantes han solicitado 15 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil.

De las cantidades que se les adeudan, que es el dinero obtenido por la subasta pública de la maquinaria de la empresa textil, único bien embargado al actual propietario, las trabajadoras sólo han recibido 2,7 millones de pesetas.