Disparidad de opiniones entre intelectuales socialistas sobre la incomparecencia de 90 guardias

Intelectuales vinculados al PSOE han mostrado disparidad de opiniones sobre la incomparecencia de los 90 guardias civiles citados a una rueda de reconocimiento por una juez de San Sebastián en un caso de presuntas torturas a un detenido. No obstante, los intelectuales consultados señalan de forma mayoritaria que les parece incorrecto el camino seguido, con el apoyo del Gobierno y de dirigentes socialistas, para que no atendieran la citación.

A la pregunta de cómo analizaban los intelectuales la actitud del Gobierno y del PSOE en este caso, Fernando Claudín, militante del PSOE que desarrolla parte de sus actividades en la Fundación Pablo Iglesias, prefirió responder por escrito y, en su contestación, pidió que el texto escrito fuera publicado íntegramente o, de no ser así, que no fuera publicado. La respuesta de Claudín fue:"La tortura es incompatible, política y moralmente, con la democracia. Éste es, sin duda, el principio que inspira la acción del Gobierno socialista. Es notorio, sin embargo, que se han producido casos concretos de tortura. Deben ser castigados y deben tomarse las medidas necesarias para que no se reproduzcan".

"En el caso de los guardias civiles convocados masivamente a rueda de reconocimiento, creo que el procedimiento seguido no ha sido el más adecuado, aunque sea jurídicamente legal, teniendo en cuenta el contexto político de Euskadi. Parece que tampoco ha sido correcto el procedimiento seguido para corregirlo. Pero, sobre este aspecto jurídico, me es difícil dar una opinión concluyente, mientras la discusión abierta entre las instancias competentes no esclarezca más el problema".

"Sería hipócrita", añade Claudín, "hacer abstracción de los efectos morales que el terrorismo puede inducir en los hombres que, cumpliendo un deber público y vital para la democracia, se encuentran en la primera fila de la lucha antiterrorista, arriesgando su vida y la de sus familias. De ahí la necesidad, junto con la exigencia de que respeten los derechos humanos de sus mismos asesinos, de que encuentren un amplio y decidido reconocimiento social de su difícil tarea".

Ludolfo Paramio, intelectual vinculado al PSOE, comienza afirmando que "el problema es muy complicado". "La idea es que la base jurídica para la negativa [a presentarse los guardias civiles] no la veo, pero también entiendo el sentimiento del Ministerio del Interior de que las ruedas masivas desmoralizan a la Guardia Civil", dice. "Parece que hay poca base jurídica para negarse (a asistir)", añadió.

Según Paramio, "el problema de fondo es que sigue habiendo acusaciones de malos tratos, y ésa es la base de la acusación; las posibles medidas cautelares por parte del Ministerio del Interior son algo secundario". Según este intelectual, el hecho de que, de un lado, se produzcan acciones terroristas que siegan la vida de 14 jóvenes guardias y que, de otro, existan malos tratos policiales, es el núcleo del problema. "Lo demás son disquisiciones", asegura.

Por su parte, Elías Díaz, catedrático de Filosofía del Derecho, asegura que, "en un Estado democrático, no cabe la desobediencia al juez", sino que, en todo caso, cuando existe discrepancia con una decisión judicial, es la vía del recurso la que debe ser utilizada. "No es aceptable la desobediencia sin más". Añade que las actitudes del Gobierno y de dirigentes del PSOE en este terreno "quizás han sido un poco precipitadas".

Para Elías Díaz, un sistema que debe potenciarse es utilizar en cuarteles y comisarías un libro-registro "muy serio" a través del cual se supiera qué agentes han intervenido en un interrogatorio.

Cesáreo Rodríguez Aguilera, jurista, senador por el PSC, ex presidente de la Audiencia de Barcelona, dijo que "nadie puede negar el riesgo que supone, en el caso concreto de referencia, la diligencia de reconocimiento solicitada.

La ley exige que para el reconocimiento en rueda o en grupo se han dirigir cargos a determinada persona, no a una institución. Por otra parte, las leyes deben ser interpretadas, según el Código Civil, conforme a la realidad social de cada momento. Por todo esto, comprendo muy bien la postura del Gobierno y del PSOE".

El escritor y senador socialista Carlos Barral piensa que "se trata, quizá sí, de un problema entre los dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial. Pero los argumentos en que se basa la justificación de la no comparecencia por parte de los citados a comparecer me parecen perfectamente válidos, ya que la ley dice que se debe citar a personas concretas y nominadas, y por tanto no me parece correcto que se cite a colectivos".