Peor es dejarlo correr

¡Qué tiempos estos en que es necesario luchar por lo evidente! La frase no fue acuñada pensando en la España de los ochenta, pero resulta adecuada hasta lo irritante pata describir algunos de sus problemas. Por ejemplo, el de la despenalización de la interrupción del embarazo: ya con sólo mencionar el tema surge un sentimiento de cansancio, de fatiga, de irritación.Todos los argumentos metafísicos se han expuesto ya en demasía, todos los participantes en el debate se han manifestado, todas las encuestas de opinión se han manejado para justificar una ley insuficiente.

Tanto ruido para tan pocas nueces: poco más de 200 abortos legales desde la aplicación de la ley. Y ahora estalla el escándalo de clínicas privadas que realizan abortos (se habla de unos 4.000, que sólo suponen una pequeña muestra) y se descubre que ni la ley ni la discusión han permitido un cambio sustancial en este terreno. 0 quizá sí, pero un cambio inesperado muchas de las mujeres que antes optaban por salir a abortar a las clínicas del extranjero se arriesgan ahora a hacerlo en España, pensando, ilusoriamente, que desde la despenalización parcial es posible optar por la interrupción del embarazo sin riesgos legáles.

Error

Terrible error: la aplicación de la ley actual deja indefensas y condena a la ilegalidad a la mayor parte de las mujeres que quieren impedir una maternidad no deseada. Como muestra sirvan los sumarios de Valencia, Málaga, Navarra y Salamanca, el inicio de procesos a mujeres que se autoinculpan de haber o haberse hecho practicar abortos, como ha ocurrido en Galicia y Navarra, y las muertes de al menos cinco mujeres en el año de aplicación de la ley por abortos realizados en malas condiciones sanitarias.

Ante esto es inevitable preguntarse si los acusados/as no deberían ser en realidad los acusadores de una situación insostenible.

En primer lugar, la indicación social, que puede deducirse, de la sentencia que en su día dictó el Tribunal Constitucional y que inexplicablemente no fue recogida por el Gobierno, es de aplicación inimaginable mientras buena parte de la judicatura siga marcada por el conservadurismo, y, mas aún, mientras la decisión primera siga en manos de profesionales de la medicina obsesionados por una ideología integrista o subordinados, en el, plano laboral, a jefes de servicio obstruccionistas.

En segundo lugar, y esto es todavía más llamativo, tampoco los casos reconocidos de la forma más estricta por la ley pueden acogerse a ella con cierta seguridad, pues la existencia de la segunda ventanilla (el tribunal médico o comisión de evaluación, que se atribuye la capacidad de juzgar sobre la validez de la decisión inicial de otros profesionales sobre la aplicabilidad de la ley) supone no sólo un grave retraso, que aumenta el riesgo médico, sino que permite, por pura dilación, burocrática, que el embarazo supere el plazo temporal autorizado para la interrupción.

Así, la aplicación de la ley no depende de reglas calculables, sino de imprevisible buena voluntad de un estamento que, con demasiada frecuencia, da prioridad a sus sentimientos ideológicos a expensas de la salud de las mujeres.

De todo ello se deduce una falta de voluntad política por parte del Gobierno actual, que, a remolque de la realidad, parece estar más dispuesto a poner parches que a enfrentarse con el problema.

Un claro ejemplo es que ante la tensa situación actual, tras la ofensiva de la derecha (declaración de la Comisión Episcopal, artículos en la Prensa, etcétera), y las detenciones y juicios que se suceden en cadena, se haya publicado como única medida por parte de la Administración la preparación de una orden del Ministerio de Sanidad y Consumo con el ánimo de acreditar clínicas privadas que cumplan determinadas condiciones técnicas para la interrupción voluntaria de la gestación según la legalidad vigente.

Medios privados

Esta medida provocada por la situación supone recurrir a los medios privados con el consiguiente coste para las mujeres, cuando lo lógico sería aprovechar los inmensos recursos sanitarios públicos para resolver este problema. Parece evidente que el apoyo a las redes privadas debe ser más una medida complementaria que la única respuesta desde la administracción en este momento.

No nos parece admisible la existencia de comisiones de evaluación en hospitales que sin soporte legal alguno se autoatribuyen el papel de jueces desestimando los dictámenes de especialistas tan cualificados como ellos, como son, por ejemplo, los profesionales de planificación familiar.

No es admisible la peregrinación a que se somete a las mujeres, que en ocasiones tienen que viajar a otra provincia o comunidad autónoma y realizar trámites farragosos y complejos hasta encontrar un centro que resuelva su caso.

Ante un problema de estas dimensiones se puede continuar con una política de paños calientes, como vulgarmente se dice, o afrontarlo en sus dimensiones reales. Los profesionales sanitarios, sumidos en el desaliento y la fatiga más profunda, y obligados a repetir los mismos argumentos una y otra vez, reiteramos que una ley progresista no obliga a las mujeres a abortar, sino que debe proteger a las que lo hacen, garantizando la seguridad médica y psicológica a que tienen derecho.

Creemos, por tanto, imprescindible la ampliación del marco legal vigente a un sistema de plazos complementado con indicaciones a partir de las 12 semanas de gestación y como medida inmediata la introducción de la indicación socioeconómica, también llamada cuarta indicación, en el marco del sistema sanitario público.