Tres símbolos de la dictadura, procesados en Argentina

La detención de José Martínez de Hoz y de Albano Harguindeguy, ex ministros durante la dictadura de Economía y del Interior, respectivamente, y la decisión de un tribunal de San Francisco (California, EE UU) de conceder la extradición del ex general Carlos Suárez Mason, que fue comandante militar de Buenos Aires y es uno de los símbolos de la represión, evocan en Argentina la historia reciente y abren la posibilidad de que alguno de los viejos responsables pague parte de sus culpas.

Martínez de Hoz, de 62 años, era el símbolo, viviente y en libertad, de la política económica de la dictadura militar, que en Argentina todavía se denomina eufemísticamente el proceso. Representante de la oligarquía agraria y ganadera, Martínez ocupó el ministerio de Economía de 1976 a 1981 durante el mandato del general Jorge Videla. Eran los tiempos de la plata dulce, cuando la falsa par¡dad del peso con el dólar, el liberalismo salvaje y la explosión de los créditos externos permitían a una capa de argentinos beneficiarse del aparente auge, viajar por el mundo como nuevos ricos y mantener ojos y oídos cerrados ante la represión con un algo habrá hecho en los labios, cuando tenían noticia de detenidos o desaparecidos.Su íntimo amigo en el Gobierno de Videla era el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy. Los dos eran compañeros de safaris africanos, mientras los subalternos se dedicaban a la caza y captura de subversivos.

Martínez y su amigo Harguindeguy no comparecerán ante los tribunales por sus responsabilidades durante la dictadura, sino por un delito menor dentro de la tragedia colectiva del pueblo argentino. Los dos fueron detenidos el miércoles, acusados de privación ilegal de libertad y tentativa de extorsión del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel, que en noviembre de 1976 fueron encarcelados durante cinco meses en relación con un confuso negocio de exportación de algodón por un importe de 12 millones de dólares (1.320 millones de pesetas, al cambio actual). Los empresarios detenidos fueron extorsionados, para que llegasen a un acuerdo con otra empresa para ceder el cupo exportador.

En una nota, entregada a la Prensa por medio de su hijo, Martínez asegura que es inocente y se declara "sereno y sin rencores". "Sé que es destino frecuente de muchos hombres públicos a lo largo de nuestra historia", afirma, "pasar algún tiempo privados de su libertad".

La detención de Martínez y Harguindeguy coincidió con la concesión, por un tribunal de San Francisco de extradición a Argentina del ex general Carlos Suárez Mason, de 64 años, comandante del Primer Cuerpo del Ejército argentino de 1976 a 1979 y después presidente de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Dos días antes del fallo sobre la extradición, otro tribunal de San Francisco había condenado a Suárez Mason a pagar 21,1 millones de dólares (unos 2.300 millones de pesetas) a Horacio Martínez Baca, un abogado laboralista argentino de 46 años, que reside en Oackland y está nacionalizado norteamericano. El abogado había sido detenido y torturado a lo largo de cuatro aflos, cuando Suárez Mason era jefe militar de la región de Buenos Aires. La sentencia que le condenó a indemnizar a su víctima establece que Suárez Mason "intencional y sistemáticamente, y con conciencia de las consecuencias, dirigió una pauta y práctica de terror contra la población en general de la Argentina".

Durante su paso por el comando militar de Buenos Aires, Suárez Mason -que había sido expulsado del Ejército, porque los mismos militares lo consideraron una deshonra- fue responsable de centros de internamiento y de tortura de miles de desaparecidos. El tribunal de San Francisco concedió la extradición para que el reo responda ante los tribunales argentinos de 39 asesinatos.