Crímenes sin castigo en El Salvador

Importantes obstáculos se oponen a un enjuiciamiento con éxito de los presuntos responsables del asesinato, el pasado 16 de noviembre, del jesuita vasco Ignacio Ellacuría, otros cinco miembros de la misma orden (cuatro de ellos también españoles) y un matrimonio del servicio de su residencia, en la Universidad Centroamericana (UCA). Las dificultades persisten pese al anuncio del presidente Alfredo Cristiani, efectuado el pasado domingo, en el que reconocía que miembros del Ejército fueron responsables de la matanza, ocurrida en plena ofensiva en la capital de la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Funcionarios próximos a la investigación aseguran que la primera fase de ésta concluirá antes de una semana, con varias detenciones, que vendrían a unirse a las ya producidas: dos oficiales y 45 soldados, según el coronel René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor.Varios diplomáticos y abogados hacen notar que, en el pasado, sospechosos en crímenes de intencionalidad política han salido bien librados, incluso sin ser procesados. "Mucho depende ahora del sistema judicial, y ahí es donde surgen los problemas, si se mira hacia atrás", asegura, por ejemplo, Scott Greathead, miembro de la asociación Abogados por los Derechos Humanos y que ha participado en el caso en representación de los jesuitas en Estados Unidos. Tanto él como otros críticos del Gobierno de San Salvador estiman, no obstante, que el anuncio de Cristiani es la primera indicación de que el presidente está intentando en serio que los asesinos comparezcan ante la justicia.

Francisco Estrada, rector, en sustitución de Ellacuría, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en la que enseñaban y residían los religiosos asesinados, considera el anuncio insuficiente y pide más detalles. "Sólo confirma lo que ya sabíamos desde el principio", afirma. "Necesitamos algo más completo".

Cristiani no quiso dar precisiones sobre su anuncio, efectuado por radio y televisión, en el que aseguró: "Se ha determinado que algunos elementos de las fuerzas armadas estuvieron involucrados" en la matanza. No especificó la unidad a la que pertenecían los asesinos, como tampoco su rango.

Los asesinatos políticos han caracterizado la guerra civil desde 1980, cuando ocho políticos de izquierda fueron abatidos a tiros por los militares y cuatro monjas norteamericanas y el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, fueron asesinados. En los años que siguieron, decenas de miles de civiles resultaron muertos. Según los grupos defensores de los derechos humanos, la mayoría de estos crímenes es atribuible a los siniestros escuadrones de la muerte, estrechamente ligados al Ejército.

Casos sin resolver

Los sospechosos fueron identificados casi siempre con rapidez. Sin embargo, y pese a las presiones norteamericanas, pasaron cinco años antes de que fueran procesados y condenados seis soldados por la muerte de las monjas. Los otros casos quedaron en nada, aunque funcionarlos salvadoreños y norteamericanos aseguraron que había pruebas sobradas para sacar adelante las acusaciones ante un tribunal.En otro atentado que causó una gran conmoción en Estados Unidos, en 1981, el jefe del programa de reforma agraria y dos consejeros norteamericanos fueron asesinados en una cafetería. Se acusó a dos oficiales, pero no fueron condenados. En cambio, dos soldados terminaron entre rejas.

El fracaso gubernamental en hacer la luz sobre estos y otros crímenes ha fortalecido la causa de la guerrilla izquierdista. Muchos salvadoreños han llegado a convencerse de que esta sociedad tradicionalmente autoritaria es incapaz de tolerar ni siquiera las protestas no violentas y que la justicia únicamente se puede obtener mediante la fuerza. También dudan de que el ineficaz sistema judicial sea capaz de perseguir a miembros del poderoso Ejército, que ha ejercido desde tiempo inmemorial un poder de veto en la práctica sobre las grandes decisiones del Gobierno. Ni un solo oficial ha sido condenado por un asesinato de intencionalidad política desde el inicio de la guerra civil que, hasta el momento, ha desplazado a uno de cada siete salvadoreños y se ha cobrado más de 70.000 vidas.

Cristiani está sometido a una fuerte presión de Washington para que localice y castigue a los asesinos de los seis jesuitas. Dirigentes del Congreso norteamericano aseguran que de ello depende incluso la continuación del apoyo de EE UU.

El presidente salvadoreño ha ofrecido una recompensa de 250.000 dólares (unos 28 millones de pesetas) por cualquier información que ayude a resolver el caso. También ha constituido una comisión de honor especial con oficiales y abogados civiles para colaborar con el equipo investigador.

La matanza ha renovado las dudas sobre el éxito de Ronald Reagan, antes, y George Bush, ahora, en sus esfuerzos por fortalecer la democracia en el país centroamericano. También suscita preocupación sobre la capacidad de Cristiani de controlar a los jefes más radicales de las fuerzas armadas.