Las autonomías negociarán la inversión nueva basándose en su participación en los ingresos del Estado

La reforma del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) refuerza la autonomía financiera de las comunidades autónomas (CC AA), que a partir de 1992 negociarán la inversión nueva como parte de su participación en los ingresos generales del Estado en el marco del nuevo sistema de financiación. Esta inversión nueva, que en el sistema actual tiene carácter finalista, está cifrada en 128.537 millones de pesetas en los Presupuestos Generales del Estado para 1991 y representa ahora la mitad de la dotación del FCI, cuyos fondos totales crecerán un 7,3% con relación a 1990. El diseño del nuevo FCI se expresa en un proyecto de ley actualmente en el Senado.

"El carácter dual del FCI como instrumento de financiación autonómica y como instrumento territorial compensador ha sido corregido para convertirse en un instrumento de la política regional de la Administración central", según un documento de trabajo de la secretaría de Estado de Hacienda, en el que se resumen la larga negociación y los acuerdos finales entre el ministerio y las autonomías en el marco de la Comisión de Política Fiscal y Financiera que preside el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell.La reforma, acordada en medio de la aplicación de un periodo transitorio que abarca 1990 y 1991, ha facilitado además la labor para la futura revisión del sistema de financiación autonómica al adaptar los instrumentos de política regional al diseño de los fondos estructurales europeos (FEDER). "De este modo, el FC1 funcionará a base de fondos finalistas que no tienen ya nada que ver con la financiación de la inversión nueva y dirigidos a las regiones más pobres, lo que pone de manifiesto su auténtico carácter compensatorio", señala Antoni Zabalza, secretario general de planificación y presupuestos del Ministerio de Economía.

Consenso

El criterio territorial acordado entre Hacienda y las administraciones autonómicas supone que el grupo de comunidades beneficiadas por el nuevo FCI debe estar formado por las nueve que ahora reciben fondos del FEDER: Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Asturias.

Antes de alcanzarse un consenso definitivo sobre el nuevo FCI se barajaron dos alternativas: dejar el fondo como estaba, pero modificarlo aprovechando la negociación sobre el modelo de financiación que debe aplicarse a partir de 1992, o introducir cambios para corregir el excesivo peso de la variable migratoria y, a partir de aquí, afrontar la gran modificación de forma que las comunidades ricas no rebajaran su actual asignación neta, mientras las pobres aumentaban su presencia en el conjunto. Se adoptó el segundo criterio, aunque los representantes de algunas comunidades manifestaron su disconformidad en el grupo de trabajo de la Comisión de Política Fiscal y Financiera.

Las discrepancias que han enfrentado a vascos y catalanes con otras comunidades de menor renta se resumen en el criterio de la Generalitat de Cataluña, en el sentido de que "el -FCI no debe ser un fondo destinado únicamente a corregir desequilibrios, sino a financiar inversión nueva, puesto que la solidaridad debe tener en cuenta los recursos que aporta cada comunidad a los presupuestos del Estado". Durante las negociaciones, otras comunidades, como la valenciana y Asturias, exigieron englobarse en el grupo de las pobres. El acuerdo final, en el que Hacienda destaca "tanto la riqueza del proceso negociador como el rigor constructivo de las CC AA", supone que el FCI realizará su función de forma automática, separando los instrumentos de política regional del sistema de financiación autonómica.