El ministro del Interior "desea" que el juicio contra Amedo y Domínguez se celebre cuanto antes

El Gobierno ha acogido con normalidad aparente la decisión de la Audiencia Nacional de que miembros del Gabinete, incluido el presidente, Felipe González, tengan que testificar en el juicio que se celebrará contra los policías José Amedo y Michel Domínguez como presuntos organizadores de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El ministro del Interior, José Luis Corcuera, afirmó ayer: "Espero que este juicio se celebre cuanto antes". Las reacciones en los partidos de la oposición han sido diferentes, desde la inhibición del Partido Popular (PP) hasta el claro respaldo mostrado por la coalición Izquierda Unida (IU) y Euskadiko Ezkerra (EE) a la decisión de la Audiencia.

A medida que pasa el tiempo, todo el asunto relacionado con el juicio contra José Amedo y Michel Domínguez, procesados por su presunta participación en acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), provoca una creciente actitud de inhibición por parte de la mayoría de los partidos políticos.El último episodio, consistente en la resolución de la Audiencia Nacional de que Felipe González y dos miembros de su Gabinete, José Luis Corcuera y José Barrionuevo, testifiquen en el juicio, lo ha puesto de manifiesto. El ministro del Interior fue ayer, en los pasillos del Congreso, quien mostró más naturalidad por el hecho de que la prueba testifical solicitada por la acción popular le afectara así como a su antecesor, José Barrionuevo. Corcuera, después de acoger con normalidad esta situación, expresó su deseo de que "el juicio se celebre cuanto antes". "Siempre he estado a disposición y he mostrado el respeto más absoluto por el Poder Judicial, y en este caso igualmente", añadió el mínistro."Ningún nerviosismo"

Responsables del departamento de Interior quisieron transmitir ayer la impresión de que en ese ministerio no había "ningún nerviosismo", y extendieron esa interpretación al ámbito del palacio de la Moncloa sede de la presidencia del Gobierno. Estos portavoces aseguraron que el jefe del Ejecutivo, cuando llegue el momento, no presentará ningún inconveniente en responder por escrito a las preguntas que desee el presidente de la sala.

La voz más discrepante fue la de la diputada de Euskadiko Ezkerra (EE) Koro Garmendía, quien expresó su deseo de que el presidente del Gobierno, Felipe González, no efectúe esta declaración por escrito sino que acuda personalmente cuando sea llamado para testificar. Koro Garmendia señaló que "Felipe González colaboraría mucho más con la justicia si testificara como cualquier otro ciudadano". En parecidos términos se expresó el diputado de Eusko Alkartasuna Joseba Azkárraga, quien afirmó: "La actitud permanentemente obstruccionista que ha mantenido el Ejecutivo a la hora de colaborar con la justicia debe cambiar a fin de salvaguardar la credibilidad de las instituciones democráticas".

El coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, dijo en Cáceres que la decisión de la Audiencia Nacional "confirma que se atisban indicios del terrorismo del Estado". Anguita dijo que, en relación al GAL, "se han utilizado estructuras del Estado para hacer actos que están fuera de la ley y que implican derramamiento de sangre", informa Efe.

El diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Emilio Olabarría calificó de "normal" lo ocurrido y consideró que la próxima llamada al presidente del Gobierno para testificar es normal en todos los países democráticos.

El portavoz nacional del Centro Democrático y Social (CDS), Antonio Fernández Teixidó, también apeló al ordenamiento jurídico español y al de la mayoría de los países democráticos para, una vez más, otorgar "naturalidad" a esta llamada a miembros de un Gobierno para testificar. Por el contrario, los responsables del Partido Popular (PP) ni siquiera consideraron oportuno manifestar su opinión.

Los sindicatos policiales más importantes consideraron ayer que es lógica la decisión de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la mayoría, de los sindicatos criticaron al tribunal por no poner el mismo celo en otros procesos contra terroristas.