La Mesa decide el martes si Carlos Navarro tiene que comparecer ante el Congreso

Izquierda Unida quiere forzar la presencia en el Congreso del diputado socialista Carlos Navarro después de que haya desaparecido tras las informaciones que le relacionan con presuntas irregularidades en la financiación del PSOE. La vía escogida por IU ha sido la Comisión del Estatuto del Diputado en el intento de aprovechar la ampliación de competencias de esta comisión después del llamado caso Naseiro, aunque hasta el momento nadie la ha utilizado. No obstante, esta iniciativa puede ser paralizada el martes en la reunión de la Mesa del Congreso, de mayoría socialista.[Felipe González dijo ayer que "la iniciativa parlamentaria debe ser respetada y yo la respecto", en referencia a esta iniciativa de IU, informa Efe].

El diputado de IU Ricardo Peralta presentó al mediodía de ayer un escrito a la Mesa del Congreso en el que pide a la Comisión del Estatuto que requiera la comparecencia del diputado Carlos Navarro Gómez, "a fin de que informe sobre su vinculación con aquellas sociedades y las actividades de las mismas". (Malesa, Time Export y Filesa).

La argumentación de este diputado parte de las informaciones periodísticas que vinculan a Navarro con la obtención de fondos para financiar a su partido "con posible infracción de la norma vigente".

"Esta proliferación de informaciones contrasta con la absoluta falta de respuesta por parte de don Carlos Navarro", dice el escrito, que continúa: "Con ello se ha creado una situación en la que, no sólo resulta afectado el señor Navarro Gómez, sino que posibilita el que se cuestione el adecuado funcionamiento de esta Cámara". Este grupo parlamentario considera necesaria la intervención de la Comisión del Estatuto "con la finalidad de dar respuesta a los interrogantes que se plantea hoy la mayoría de los ciudadanos en base a aquellas informaciones".

La idoneidad de este escrito tendrá que ser estudiada el próximo martes por la Mesa del Congreso para ver si se ajusta a la normativa que existe y que fue resultado del escándalo político creado por el llamado caso Naseiro.

En el pleno del 13 de febrero de 1990 el CDS presentó una interpelación, a causa del caso Guerra, en la que se pedía que la Comisión del Estatuto investigara asuntos de interés público "relacionados con el tráfico de influencias", y que investigara "los hechos, actuaciones y comportamientos en que los diputados pudieran incurrir en el ejercicio de responsabilidad política y que puedan representar uso interesado o indebido de su condición".