Víctimas, policía y asociaciones denuncian el trato de algunos médicos a mujeres violadas

Durante 1990, las comisarías españolas recibieron 3.272 denuncias de mujeres por violaciones o agresiones sexuales, casi 2.000 más que en 1989, según recoge el informe anual de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. El incremento se interpreta como un mayor apoyo que facilita la decisión de denunciar. Sin embargo, asociaciones, víctimas y la propia policía han criticado el maltrato que reciben en el hospital de La Paz, en Madrid, único vinculado por convenio a la asistencia a violadas, y que no es un caso aislado en España, cuyos ginecólogos se declaran objetores al aborto.

La Asociación Pro Derechos Humanos dedica en su informe de 1990 un capítulo íntegro a las mujeres, "dada la reiterada violación de los derechos inherentes a su persona, incluso por la violencia física de los hombres". Según las cifras de delitos contra la libertad sexual, obtenidas de la Policía Judicial, durante 1990 se registraron 1.392 denuncias por violación y 1.880 por agresiones sexuales. En total, 3.272, frente a las 1.370 contabilizadas en 1989. Más que un incremento de delitos, los redactores del informe consideran que hay un mayor apoyo a las mujeres para que defiendan sus derechos.Pese a ello, en hospitales como La Paz, en Madrid, donde por un convenio de 1988 se asiste a todas las mujeres violadas en la comunidad madrileña, sus médicos se niegan a reconocerlas si no llevan la denuncia en mano y pese a estar acompañadas por la policía.

Una inspectora del Grupo III de la Brigada Provincial contra Delitos a la Libertad Sexual lo confirmó a este periódico. "Desde hace tres o cuatro meses se vienen dando estos casos. No sé si los médicos han recibido instrucciones nuevas o si depende del que esté de guardia. Pero nosotros creemos que se debe reconocer a las mujeres aunque no lleven la denuncia, porque para la víctima no es muy agradable ir y venir en sus circunstancias", dijo la inspectora.

La Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas critica igualmente que en este centro se niegue administrar inmediatamente la píldora de 24 horas que impediría embarazos no deseados en estos casos.

"Sientes como si te hubieran dejado tirada", relata una joven que el pasado 2 de junio fue violada en Madrid por dos hombres de raza negra. La citada píldora le fue administrada tres días después del suceso en la consulta, pero entonces ya era tarde, como lo demuestra su embarazo actual.

Cuando en el mismo hospital le proporcionaron el diagnóstico de embarazo, la joven, consciente de que su caso entraba dentro de los supuestos legales para abortar, preguntó: "¿Y ahora qué hago?". La contestación del médico fue tajante. "Tú verás, pero en este hospital no practicamos abortos".

Fuentes de La Paz aseguraron desconocer la existencia en el centro de las circunstancias descritas, pero admitieron que los ginecólogos en bloque, y al amparo de la actual legislación, se declararon en su día objetores frente a la práctica del aborto. "Incluso contratamos dos médicos para ello. Pero cuando adquirieron la plaza en propiedad, uno se fue y el otro se declaró objetor", añadieron las mismas fuentes.

Resoluciones judiciales

Respecto a la actuación de los jueces en este tipo de causas, el informe de la Asociación Pro Derechos Humanos quiere hacer constar su "crítica severa". Aun reconocido el beneficio que ha supuesto la nueva tipificación penal de los delitos de carácter sexual, algunos tribunales "producen, más que alarma social, escándalo social con sus resoluciones. Ora exigiendo a la víctima una defensa heroica de su sexualidad, ora metiéndose en distingos de la mayor o menor penetración para mitigar la pena del violador", dice textualmente el documento."Estas sentencias, que son una verdadera afrenta para las mujeres, una agresión más que han de padecer en el juicio, sólo sirven para reforzar la conducta del agresor", añade.

En cuanto a malos tratos, el documento de la Asociación Pro Derechos Humanos aporta datos de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, donde se recibieron el año pasado 260 denuncias por maltrato físico y 520 de carácter psíquico. Más del 80% de las denunciantes decían sufrir esta situación desde hace varios años y mostraban preocupación por el deterioro de su desarrollo psicofísico y el de sus hijos.