Hacienda investigara el fraude de los 500 000 apartamentos que se alquilan ilegalmente a turistas

La Secretaría General de Turismo ha iniciado los contactos con Hacienda con el objeto de establecer una estrategia para controlar unos 500.000 apartamentos que se alquilan a turistas sin tener declarado ese uso. Los alquileres de apartamentos turísticos -a diferencia de los de las viviendas de primera residencia- deben pagar un IVA del 6%, y el fraude fiscal supone unos 33.000 millones de pesetas anuales, según un estudio elaborado por Turismo.

El secretario general del Turismo, Fernando Panizo, ha manifestado que su departamento no tiene competencias para actuar contra los apartamentos extralegales, por lo que será Hacienda la que tome cartas en el asunto. Los alquileres percibidos por este tipo de apartamentos -y que alcanzan un volumen anual de unos 170.000 millones de pesetas- no pagan IVA y quedan al margen de los impuestos de la renta y sociedades. Además, no tributan a los ayuntamientos.

Fuentes del sector califican el problema de los apartamentos extralegales como de "cáncer del turismo". El Libro Blanco del Turismo reconoce que es uno de los problemas básicos del sector, ya que son la causa de la saturación de oferta que padecen las costas españolas. El número de camas hoteleras ha permanecido casi estable en los últimos años, mientras el de apartamentos se ha disparado.

El cambio de uso o la legalización de los 500.000 apartamentos extralegales que hay en España supondría un respiro para un sector que arrastra una profunda crisis. Por un lado, eliminaría una parte de la oferta sobrante y permitiría a los establecimientos legales operar en igualdad de condiciones. Los operadores extranjeros, además, perderían uno de sus principales argumentos para presionar los precios a la baja.

Mejora de la calidad

Con el aumento de los precios, crecería el poder adquisitivo de los visitantes. Simultáneamente, el pase a la legalidad de los apartamentos significaría un aumento de la calidad de los servicios, que es el talón de Aquiles del turismo español.

En España, había en 1990 sólo 117.673 apartamentos turísticos declarados, con unas 335.000 plazas. Los propietarios obtienen la mitad de la renta que si no los declararan a Turismo. Si los titulares optan por el fraude, dejan de pagar IVA y no necesitan de ofrecer los servicios adecuados al cliente, según el presidente de la Asociación de Empresarios de Apartamentos de Tarragona, Lluís Penalba.

La oferta extralegal de apartamentos representa unos 300 millones de pernoctaciones anuales, el triple de las hoteleras. El 40% de los 31,5 millones de extranjeros que hacen turismo en España se alojan en apartamentos alquilados. De los esos turistas, sólo 1.200.000 se alojan en apartamentos declarados como turísticos, lo que representa el 9,2% del total. Los restantes 12.200.000 turistas, se alojan en oferta extralegal, según un informe elaborado por Turismo.

Los apartamentos extralegales se comercializan por tres canales. El 26% de los apartamentos los alquila el propietario directamente. Otro 24% se comercializa a través de alguna inmobiliaria, y el 44% a través de operadores o agencias de viajes.

La distinción entre apartamentos turísticos y los utilizados como vivienda quedó ya establecida en el Reglamento de Apartamentos de 1967, promulgado por el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. En los últimos años, casi todas las comunidades autónomas afectadas han promulgado decretos o reglamentos. Hay regulaciones específicas sobre apartamentos en Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y Valencia, Asturias y el País Vasco. Las restantes autonomías se rigen aún por el reglamento de 1967.

Normas autonómicas

En esencia, todas las normativas inciden. en el mismo tema: establecer una distinción entre el apartamento turístico y el que no lo es. El propietario del apartamento turístico debe actuar como empresa y pagar el 6% de IVA.

Sin embargo, el problema de los apartamentos extralegales no no es de reglamentación, sino de inspección. Sólo un adecuado control por parte de Hacienda permitiría que el medio millón de apartamentos que se alquilan como turísticos declararan su uso real.

El estudio de la Secretaría General de Turismo cifra en 33.000 millones de pesetas anuales la defraudación de los apartamentos extralegales, distribuidos entre 8.300 millones de IVA, 18.000 millones en impuestos sobre la renta y beneficios, y 6.500 millones en impuestos sobre actividades económicas.

El mismo estudio cifra en unos 350.000 los empleos generados por el los apartamentos extralegales, lo que representa el 26% del total de empleo del sector turístico.