Tres policías serán juzgados por 'retener' a un sospechoso porque no llevaba DNI

Miguel Ángel Montes Martín y José Luis Primola Martínez, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, junto con el inspector Amancio Santos Álvarez, serán juzgados el martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, acusados de detención ilegal, actuación contra el ejercicio de los derechos cívicos y torturas causadas hace cinco años a Rafael Torres Sánchez. Según Luis Vicario, ahogado de éste, "la policía le sometió a lo que entonces llamaba retención, que es una figura ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional".

El letrado Luis Vicario Treviño, que actúa como acusador particular en representación de la Asociación contra la Tortura, señala que Torres fue reiteradamente golpeado por los policías, quienes le ocasionaron heridas que le obligaron a estar 20 días de baja médica.La acusación particular pide para cada uno de los procesados tres años de suspensión por el delito de detención ilegal, siete años de inhabilitación especial por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, además de seis meses de arresto mayor y ocho años de inhabilitación especial por los malos tratos infligidos a la víctima. Además, Vicario pide una indemnización de casi tres millones de pesetas y que se declare al Estado responsable civil subsidiario. El fiscal acusa tan solo a los dos policías básicos -no al inspector- y solicita para ellos la imposición de una pena de dos meses de arresto por las lesiones, un año de suspensión de su cargo por la detención ilegal y 100.000 pesetas de indemnización.

El abogado Juan Carlos Fernández considera que sus clientes, Miguel Ángel Montes y José Luis Primola, son inocentes y pedirá para ellos la absolución. El letrado hizo hincapié en que los hechos se produjeron en, 1986, "en una época que no tiene nada que ver con la actual". Ayer no fue posible localizar a Isabel Martínez de Salas, defensora del inspector Amancio Santos.

Rafael Torres Sánchez, ex marinero, que entonces tenía 28 años, se hallaba el 1 de octubre de 1986 en la plaza de Tirso de Molina, en la localidad madrileña de Getafe. Un policía descendió de un coche patrulla y le pidió la documentación. Pero Rafael no llevaba encima el DNI, motivo por el que mostró al agente su carné de conducir y la cartilla de la Seguridad Social.

El funcionario del Cuerpo Nacional de Policía replicó que tales papeles no le satisfacían, por lo que empezó a cachear al sospechoso. Torres se opuso a ser registrado en la plaza pública, lo que motivó que el agente le esposase y le condujera a la comisaría.

Agresión

Según la víctima, nada más bajarse del coche patrulla fue agredido por el funcionario que le había arrestado, quien también le obligó a desnudarse, a hacer flexiones y a apoyarse sólo con los dedos en la pared, manteniendo las piernas abiertas. "A continuación, los policías acusaron a Rafael de insultos y resistencia a la autoridad, por lo que procedieron a interrogarlo, sin informarle de sus derechos y sin avisar al Colegio de Abogados para proporcionarle asistencia letrada", asegura Vicario. Torres fue puesto después en libertad en la propia comisaría de Getafe, sin pasar a disposición del juez de guardia.El abogado Vicario explica: "A Rafael le aplicaron lo que la policía denominaba entonces una retención, que en realidad es una detención ilegal, como señaló hace años el Tribunal Constitucional". En efecto, fue puesto en libertad, pero sin que se le informara de sus derechos, sin que fuera reconocido por un médico y sin que le asistiera un abogado durante el interrogatorio policial, según recuerda el representante de la acusación particular.