Las profesiones liberales cumplirán iguales normas de competencia que otras actividades económicas

La reforma de los colegios profesionales obligará a sus miembros a cumplir las mismas normas legales que el resto de las actividades económicas. El anteproyecto de ley -remitido ya a los colegios para recabar su opinión de aquí a septiembre- gira sobre un artículo que su jeta las actividades profesionales a las leyes de defensa de la competencia, de competencia desleal y de publicidad. El anteproyecto recoge así la principal sugerencia del informe que realizó el Tribunal que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez: limitar la reforma a los aspectos económicos para asegurar su eficacia.

La comisión de subsecretarios quiere dar máxima prioridad en septiembre al proyecto de ley de reforma de los colegios profesionales, que modificará -sólo en sus aspectos económicos- la ley de 13 de febrero de 1974 que regula estas actividades. Con esta idea, el Gobierno ha remitido a los colegios y a las asociaciones de consumidores el anteproyecto y les ha solicitado su opinión sobre el mismo con una fecha en principio límite, el 5 de septiembre.La primera consecuencia de la sujeción de las profesiones colegiadas a las mismas leyes económicas será que todos los profesionales podrán competir -como cualquier otra empresa- para conseguir más clientes. La segunda es que si no lo hacen y actúan con prácticas colusivas (oligopolistas, por ejemplo) podrán ser sancionados, como las demás actividades, por el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Esta sujeción a la competencia se traduce en la práctica en cuestiones tan sencillas como que -con el anteproyecto de ley- el visado que acompaña a los proyectos de los arquitectos no podrá contener ninguna especificación sobre los honorarios, que quedan al libre acuerdo entre el profesional y el cliente. El visado se limitará por tanto a las cuestiones técnicas que garantizan la calidad del producto que buscan y quieren asegurar estos profesionales.

Limitaciones

Otro ejemplo de la incorporación a la competencia que comporta el anteproyecto de ley es que los colegios perderán la potestad de sancionar a los profesionales en él inscritos cuando éstos contravengan lo que los colegios denominan competencia desleal, toda vez que en muchas ocasiones tal deslealtad es pura y simplemente la muestra del funcionamiento de una economía de mercado. A partir de ahora, estas organizaciones podrán y deberán instar a los órganos competentes para que actúen contra esos profesionales si existe tal actuación desleal.

Con el anteproyecto de ley, será suficiente con estar inscrito en un colegio, cualquiera que sea su ámbito territorial, para que un profesional pueda prestar sus servicios en todo el territorio nacional. Ésta era una de las limitaciones a la libre competencia que destacaba el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. El informe ponía como ejemplo la prohibición que tienen ahora los dentistas para prestar sus servicios en un radio de más de 50 kilómetros más allá de la provincia en la que están colegiados.

Otro ejemplo significativo: todos los profesionales que lo deseen podrán, con la nueva legislación, asociarse en despachos todo lo grandes que deseen. Ahora, por ejemplo, entre los abogados, está prohibido que los despachos colectivos superen los 20 profesionales o puedan tener más de un despacho en cada territorio del colegio. Esas asociaciones profesionales deberán, además, establecer claramente en sus estatutos a quién se imputa la responsabilidad profesional.

Críticas del PP

El Partido Popular ha criticado la reforma de los colegios profesionales que pretende el Gobierno por un motivo básico. Según el, PP, los problemas inflacionistas del sector servicios no pueden imputarse, ni principal ni básicamente, a la actuación de los profesionales liberales. Antes bien, añaden, habría que apuntar a los servicios en manos de empresas públicas o con fuerte implantación del sector público, como las telecomunicaciones -es decir, Telefónica, Renfe e Iberia- o el suministro de agua, gas y electricidad, como causantes de tales presiones en los precios.

Además, remata el PP, el Tribunal de Defensa de la Competencia ha tenido buen cuidado en dejar a un lado en su estudio a los profesionales que están al servicio del Estado pero tienen la misma base de formación que las profesiones liberales, como, por ejemplo, los notarios. La respuesta de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presidente del Tribunal, es que las actividades de todos ellos serán exhaustivamente analizadas en el informe que se han comprometido entregar al Gobierno antes de fin de año y que ya está bastante avanzado.