Un sombrero de paja de Italia

Sergio Moroni tenía 45 años, una esposa y una hija de 16. Era diputado y miembro de la dirección del Partido Socialista Italiano (PSI), había sido secretario general de ese partido en Lombardía. Se pegó un tiro con un fusil ante el temor de ser procesado por el escándalo de las comisiones ilegales en Milán. Antes se habían suicidado dos miembros del PSI y el empresario Mario Majocchi, relacionados con el mismo asunto. Bettino Craxi ha repetido, desde el día en que estalló el escándalo, que "no existe un problema de honestidad, sino un problema técnico de financiación de los partidos". Nada más falso. La argumentación sólo puede entenderse como un burdo intento de autojustificación, una columna de humo.Para empezar, nadie se suicida por causa de "un problema técnico". El suicidio se produce porque la persona ya no es capaz de soportarse, y en este caso, independientemente de los mecanismos psicológicos de cada uno de los suicidas, por vergüenza, por la imposibilidad de superar la visión que de ellos van a tener los demás. En contra de la opinión interesada de Craxi, se está precisamente ante un problema de honestidad. Son suicidios donde han intervenido la dignidad y el honor de esas personas, su concepción del propio ser, de su valía social.

Este escándalo milanés estalla al descubrirse que, desde el antiguo partido comunista hasta la Democracia Cristiana, pasando por los demás partidos de arco parlamentario, estaban cobrando comisiones ilegales por las adjudicaciones de obras. Una palabra define estas prácticas: corrupción. Empero lo que hace especialmente grave esta ilegalidad es el constituir un delito de lesa democracia, pues ataca la base misma del sistema. ¿Por qué?

1. Porque aquellos que tienen la obligación y el privilegio de hacer las leyes, los partidos políticos, tienen el deber de cumplirlas y de hacerlas cumplir. Si las transgredieran, atacarían directamente la legitimidad de aquéllas y el crédito de todo el sistema político.

2. Porque quien obtiene financiación ilegal arremete tramposamente contra el principio de igualdad de oportunidades respecto al electorado, utilizando, además, dinero público.

3. Porque la financiación ilegal, al no figurar en la contabilidad oficial del partido, no puede estar sujeta al control social (tribunales de cuentas, Parlamentos, etcétera) ni al control democrático interno del propio partido que supuestamente se beneficia de tal financiamiento.

Al menos estos tres argumentos avalan el siguiente aserto: aun siendo reos de corrupción tanto los corruptos (los partidos) como los corruptores (las empresas), aquéllos incurren en una responsabilidad cualitativamente distinta y mayor. Se está ante un delito de lesa democracia que no puede dejar indiferentes a los ciudadanos. Aun confiando en la justicia, es asunto en el que la acción individual y colectiva de quienes creen en el sistema democrático han de estar implicados. En primer lugar, es obligación Política para los que honrosa y honradamente son miembros de cualquier partido. La democracia de todos depende, no exclusivamente, pero también, de la democracia interna de las distintas formaciones políticas. Ha de entenderse, de una vez, que la democracia interna de un partido político, cualquiera que sea su posición ideológica, es cuestión que, por afectar al funcionamiento y al crédito del sistema político, atañe al conjunto de la sociedad.

Un dinero ilegal, negro, que no ingresa en la caja A, pública y controlable del partido, ¿adónde va? Evidentemente, a ninguna actividad legal. No paga impuestos y ha de blanquearse. Por lo que se va sabiendo, con estas gabelas se constituyen dos montones. Uno engorda el patrimonio de los mangantes que pululan en torno a este nefasto negocio. En algunos lugares, coches, caballos, chalets y fincas suelen ser los signos externos de este nuevo señoritismo cutre y descarado, aunque no deben descartarse otras formas. más refinadas e igualmente mafiosas de acumulación patrimonial. El segundo montón, presuntamente, se dedica a nutrir la caja B del partido correspondiente. Un ingreso incontrolable desde el Tribunal de Cuentas y desde los órganos internos del partido. Una versión edulcorada sostiene que tal montoncito alivia los abultados gastos electorales. Es una argucia que pretendiendo justificar una ilegalidad (las comisiones) anuncia probablemente otra con la ley electoral, que limita los gastos de las campañas. No se debe desechar, sino probablemente mantener, la sospecha de que son otros los gastos de representación que así se sufragan, destinados, puede ser, a cimentar apoyos internos que perpetúan en sus, cargos a los beneficiarios que en nombre del partido reciben estos dineros.

A falta de ideas que llevarse a la cabeza, parecería que la política ha decidido lucir este sombrero de paja, que tiene, sin embargo, una ventaja: puede prendérsele fuego, y cuando arde no vale recurrir, como ha pretendido en esta ocasión Craxi, al honor del partido, porque este asunto está más cerca de El honor de los Prizzi.

La política, de la que el sistema de partidos es base y columna, pasa hoy en Europa por el peor trago desde la guerra mundial, precisamente en un momento en el que los modelos alternativos totalitarios han desaparecido. A quienes no conmueva el mandato moral de la virtud civil, en cuyo código figura en primer lugar la obligación de cumplir las leyes, les tendría que hacer meditar el cúmulo de expresiones con que un nuevo autoritarismo populista aparece por doquier.

Este asunto ni es "un problema técnico", ni es menor, ni es un chaparrón ante el que bastaría esperar la escampada. Se trata de un cáncer que es preciso primero aislar y luego extirpar.