Los 'okupas' se adelantan a Leguina con su victoria frente a los subasteros
La mafia de los subasteros sufrió ayer su segunda derrota de los últimos años, a la espera de que el Gobierno de Joaquín Leguina cumpla una propuesta aprobada en la Asamblea y logre por fin su aniquilación. Estos profesionales de las pujas dominan la información sobre los pisos que salen a subasta tras los embargos judiciales a sus propietarios, concurren a ellas con precios pactados y se compinchan frente al intruso que pretenda entrar en el juego (elevando en esa ocasión artificialmente el precio, para situarlo fuera de su alcance).Pero ayer, 28 familias de Nuevo Versalles -la urbanización ilegal que José Luis Pinto Fontán promovió en Fuenlabrada y que fue parcialmente volada en 1993- lograron quedarse con los pisos vacíos que han venido okupando en los últimos 10 años. Acudieron a la puja en los juzgados de Madrid y allí no estaban los subasteros, previamente ahuyentados (véase El País Madrid de ayer).
En febrero de 1983 lograron lo mismo 17 familias okupas de la calle de Veracruz, en Móstoles (196.000 habitantes). También entonces los subasteros eludieron el enfrentamiento ante el revuelo levantado.
En el momento crucial de la subasta de ayer sólo entraron en la sala los representantes del Banco Hipotecario, acreedor mayoritario de las viviendas (los figuran como desaparecidos), que se quedó con los pisos por 1.250.000 pesetas. Mediante el pacto alcanzado entre el banco y los vecinos serán adjudicadas a los okupas por entre tres y cuatro millones de pesetas (en este precio están incluidos los intereses de demora del préstamo que efectuó el Hipotecario en su día a la inmobiliaria Idesa).
Estas 28 familias de Nuevo Versalles llevaban varios días preparando la cita de la subasta en los juzgados de plaza de Castilla. Las viviendas vacías que invadieron -algunos hace dos años, otros hace 10- fueron construidas por José Luis Gómez Pinto (Pinto Fontán, antes de cambiar de apellido) en Nuevo Versalles (Fuenlabrada) en los años setenta. Antes de la ruina de este constructor, la inmobiliaria Idesa le compró cuatro bloques casi acabados, pero esa empresa también quebró en su proyecto. Entre sus acreedores figuraba el Hipotecario, que le había prestado 625.000 pesetas por piso (el resto, hasta llegar a las 1.250.000 pesetas de ayer, corresponde a acreedores desaparecidos). A las viviendas apenas les faltaba una mano de pintura o las puertas. Por eso, estas casas se salvaron el pasado verano de la demolición de bloques inconclusos y abandonados por Pinto Fontán, cuya urbanización se había saltado las normas legales de la época. Al cabo de los años, algunos de los pisos todavía vacíos -y en cuyos alrededores sólo había descampados, sin dotaciones urbanas ni servicios- fueron invadidos por familias con apuros económicos. Algunas también llegaron a ellos engañadas, al firmar un contrato de alquiler que luego resultó ser falso. Varios de estos inquilinos (conductores, funcionarios, mecánicos, albañiles ... ) se acomodaron en los pisos y decidieron negociar su compra. Una opción imposible, ya que las viviendas estaban embargadas y habían sido incluidas en una subasta pública.
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"Nosotros no vamos a por viviendas de familias necesitadas", afirman los subasteros
VIENE DE LA PÁGINA 1La única vía posible de adquirir sus casas era negociar con el principal acreedor de Idesa, el Hipotecario, del grupo Argentaria. Los okupas y la entidad llegaron a un consenso: si el día de la subasta los subasteros no pujan, los okupas se quedan con las viviendas en el caso de que el Banco Hipotecario sea el adjudicatario.
Los ocupantes, por tanto, emprendieron hace varios me ses reuniones y decidieron acosar a los subasteros con amena zas verbales y gritos. El pasado lunes acudieron a los juzgados y les mostraron sus intenciones. Ayer, tres horas antes de la subasta, un centenar de personas, la mayoría okupas, tomaron de nuevo los juzgados, y extendieron sus pancartas: "Especuladores = Subasteros. No nos moveréis". Los subasteros, trajeados y con un montón de folios entre sus brazos, no se ocultaban de los okupas.
Diego Alvero, uno de los pocos subasteros que se atrevió a identificarse, comentó: "Nosotros no vamos a por viviendas de familias necesitadas. como éstas, ymucho más si viven hace tiempo ahí. Nuestro negocio es otro".
A las 9.30 de ayer, hora de subasta de las viviendas, el agente judicial anunció la puja. Los 28 pisos de Nuevo Versalles se subastaban por 1.250.000 pesetas cada uno. En la sala (en el bloque de los juzgados de la plaza de Castilla),solamente se hallaba un postor, el Hipotecario, que se las adjudicó por ese precio. A continuación, el abogado de los okupas salía de la sala y anunciaba: "Al no haber postores en la subasta, el Banco Hipotecario, principal acreedor, se las adjudica; por tanto el preacuerdo se lleva a efecto".
Sus palabras dieron paso a besos, abrazos y aplausos. Los okupas, emocionados, celebraban el feliz desenlace.. María, con lágrimas en los ojos, decía: "Somos personas trabajadoras, que no, podemos pagar un piso de 12 millones con un sueldo de 100.000 pesetas". María Dolores, un ama de casa, también brindaba por el acuerdo: "No somos ni desarraigados ni personas marginales, y tenemos derecho a una vivienda, como indica la Constitución". También González, portavoz de los okupas, proclamaba la victoria ante los subasteros e invitaba a miles de madrileños a seguir en la lucha contra ellos. "Ganó Veracruz y ganó Nuevo Versalles, y esperemos que se siga luchando". También anunció que otras 20 familias del mismo barrio se encuentran en idéntica situación, "y esperan obtener los mismos resultados".
Compromiso de la Asamblea
La regulación del sector de los subasteros en la Comunidad continúa pendiente pese a que el pasado 24 de junio se aprobó en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley -a iniciativa de Izquierda Unida- que pretendía poner orden en el hasta ahora oscuro mercado de las subastas judiciales de pisos embargados.. Por este procedimiento se otorgan unas 2.000 viviendas al año en los 184 juzgados de la región (un número elevado, si se tiene en cuenta que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, construye unas 3.000 viviendas al año).
La Asamblea acordó entonces, con el apoyo de todos los partidos políticos, dos medidas muy concretas que tendrían que ponerse en marcha en el plazo de tres meses. El margen ya se ha terminado y las correcciones no se han efectuado.
La Comunidad se comprometió a montar en los juzgados una oficina para asesorar gratuitamente a todos los ciudadanos interesados por concurrir a las subastas. Además, el Gobierno autonómico debía editar una revista mensual, también gratuita, con información detallada e incluso gráfica de esas viviendas, por barrios y municipios.
La juez decana de Madrid, Manuela Carmena, está buscando ya el espacio en el que se situará la oficina. El Colegio de Abogados firmará con la Comunidad un convenio para suministrar los abogados especialistas en desentrañar los farragosos procedimientos judiciales previos a las subastas.
El obstáculo más importante se ha encontrado en la edición de la revista. La Comunidad no había previsto en sus presupuestos de 1994 una partida para éste proyecto. IU está estudiando la posibilidad de efectuar una transferencia de dinero de otras partidas no gastadas o alguna otra fórmula de financiación. La publicación del número de pisos, su ubicación y sus características podría resolverse, para lo que queda de año, a través de las páginas de los diarios de Madrid.
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