Una nueva ley municipal instaura los referendos de iniciativa vecinal

La nueva ley municipal, el último regalo político del actual Gobierno de Joaquín Leguina para los 179 ayuntamientos de la región, incluye en su normativa un espacio para las consultas populares, que podrán ser reclamadas por los vecinos. Según establece el artículo 136 de la nueva norma -en fase de elaboración-, las consultas populares deberán organizarse por sufragio universal, directo y secreto, mediante papeletas selladas por la Administración regional, y no podrán abordar asuntos que no sean de competencia municipal. Para convocarlas, los municipios deberán solicitar autorización al Gobierno de la Comunidad. La manera en la que los vecinos podrán ejercer su iniciativa legislativa deberá ser posteriormente desarrollada por decreto.Algunos municipios y distritos han probado esta fórmula en los últimos tiempos. Por ejemplo, Chinchón (4.100 habitantes) preguntó informalmente a sus vecinos en 1992 por el color ideal para su plaza Mayor. El encargado de la restauración, el arquitecto Salvador Pérez Arroyo, quería pintarla de azul por razones tradicionales -era un tono usado por las construcciones rurales castellanas porque servía como repelente de mosquitos-, pero el pueblo, por mayoría, decidió que siguiera siendo verde. En el distrito madrileño de Vicálvaro (39.500) se consultó más recientemente sobre si la campana de la parroquia debía sonar con menor intensidad. La mayoría decidió que no se alterara el sonido.

El proyecto de la nueva Ley de Régimen Local de la Comunidad de Madrid fue anunciado por Joaquín Leguina en el último debate sobre el estado de la región. La ley es considerada por sus redactores como una de las más importantes de todo el mandato. El texto apoya "decididamente" el asociacionismo local, a través de mancomunidades y agrupaciones, y no "oculta la posibilidad de llevar a cabo algunas operaciones de fusión de municipios". Los redactores recuerdan que hay zonas, como la sierra norte, donde la densidad de población es inferior a la de Groenlandia.

El Escorial (8.700 habitantes) y San Lorenzo (10.200) comparten la idea de los legisladores regionales. Desde hace algún tiempo, sus regidores pretenden fusionarse en una sola localidad. Sin embargo, el tradicional enfrentamiento entre los vecinos de ambos municipios y la incomprensión de los Gobiernos locales ha impedido la unificación. Hace cinco años se produjo el primer intento serio de fusión: compartieron las fiestas patronales.

Otro punto de de la ley. Para alterar los límites de los términos municipales hace falta, según la nueva ley, la autorización del Estado a través del Delegado del Gobierno y de la Comunidad. Además, deberá contar con el apoyo de las dos terceras partes (le los vecinos del núcleo afectado y atender a las reclamaciones del municipio presuntamente perjudicado.

En la reciente historia de la región no faltan los ejemplos de enfrentamientos por cuestiones de lindes. Galapagar (17.000 habitantes) y Torrelodones (9.300) se pelean por un puente de la época de Felipe II. Hay truco: junto al puente se levanta una de las mayores urbanizaciones de la zona, fuente segura de ingresos. Nuevo Baztán (1.460 habitantes) y Corpa (360) se disputan unos terrenos junto a una fuente histórica. Ambos combaten por el surtidor y, de paso, por las fincas colindantes.

PASA A LA PÁGINA 3