El fiscal asegura que nunca creyó que las Fuerzas Armadas fueran a admitir su culpa

El abogado Julio Strassera, de 62 años, quien fue el fiscal que sentó en 1985 en el banquillo de los acusados a los jefes militares de la dictadura, a los que incriminó como responsables del secuestro, la tortura y la desaparición de miles de personas y de llevar adelante una represión "feroz, clandestina y cobarde9", se encontraba ayer sorprendido, pues nunca creyó que se fuera a romper "el pacto de silencio" existente en las Fuerzas Armadas argentinas. "No tenía esperanzas", reconoce ahora, "porque ellos nunca admitieron nada, nunca nadie habló de torturas ni de secuestros ni de crímenes".

Los militares en bloque insistían, hasta hace poco, como si fuese una lección aprendida o una coartada preparada de antemano, en que, en la supuesta guerra no convencional contra los extremistas, los subversivos en el leguaje oficial de la época, se habían producido algunos excesos aislados. Siempre se rechazó la existencia de una maquinaria estatal de horror durante la dictadura. Algo generalizado en que pudieran estar implicados un número elevado de militares.Para Strassera, que tiene ahora un despacho privado y ha sido postulado como candidato a diputado por la Unión Cívica Radical, principal partido de la oposición al peronismo gobernante, la confesión pública de los subalternos involucrados directamente en la matanza de miles de prisioneros se debe a que "ya no podían soportar el peso de se mejantes crímenes sobre su con ciencia. Nadie puede dormir tranquilo después de arrojar gen te al mar desde un avión en pleno vuelo". El ex fiscal siente que aquella verdad que tanto costó desvelar en el juicio y en las complejas pesquisas de la comisión investigidora presidida por el escritor Ernesto Sábato se encuentra ahora expuesta, de forma brutal, a la luz pública, sin censura, y ya nadie podrá negarla jamás ante la historia.

Críticas al Gobierno

"Sólo el Gobierno [de Carlos Menem] parece todavía dispuesto a insistir en la línea argumental de los comandantes. Hoy mismo [por ayer], esta mañana, el presidente Menem elogia al general [Martín Antonio] Balza por su valentía, pero de inmediato dice que 'no se explica' por qué aparecen estos arrepentidos y sigue hablando de 'guerra contra la subversión'. El candidato a vicepresidente que acompaña a Menem cree que se trata de una maniobra electoral. Es el colmo", dice Strassera en su córiversación con EL PAÍS.

El ex fiscal tampoco tenía grandes esperanzas de que algún día las Fuerzas Armadas reconocieran los delitos cometidos. Por eso considera que debe hablarse de un antes. y un. después de las declaraciones del general Martín Antonio Balza, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. "Ante las declaraciones del capitán Scilingo [el primero que denunció el lanzamiento al mar de presos], el jefe de la Marina prefirió no dar la cara y se preocupó sólo en señalar los antecedentes de quien confesaba sus crímenes y se llamaba a sí mismo asesino. La Marina advirtió además sobre 'el riesgo de convertir a las víctimas en victimarios".

Discurso histórico

Strassera dice que, frente a ésa actitud, "Balza se ha enfrentado a la situación, ha pedido a todos aquellos que sepan algo que se lo digan y se ha comprometido personalmente a hacer pública, toda la información, además de calificar como delitos todas aquellas órdenes ilegales. El de Balza ha sido un discurso también histórico", dice Strassera.

Strassera sabe, como abogado que es, que ya nada puede hacerse judicialmente por castigar a los culpables de los desmanes de la llamada guerra sucia, aunque éstos aparezcan a la luz en una cascada de declaraciones públicas: "Las leyes de punto final, obediencia debida [auspiciadas por el Gobierno de Alfonsín] y el indulto posterior decretado por Menem impiden toda posibilidad de persecución penal". Y añade: "Pero el tribunal puede reclamar la investigación sobre el destino final de miles de personas que aún continúan como desaparecidas. Todavía quedan algunos jueces demócratas en los que se puede confiar a pesar de la manipulación que ha hecho el poder Ejecutivo sobre el poder Judicial".