El CGPJ rechaza la descalificación de magistrados de la Sala Segunda que creen ilegal el reingreso de Liaño

11/01/2001 a las 00:17h.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer, por unanimidad, una declaración en la que expresa «su más firme rechazo» de las descalificaciones de que han sido objeto en la Prensa magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que consideran ilegal la reincorporación inmediata a la carrera judicial del ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricar e indultado por el Gobierno.

La declaración del CGPJ no menciona expresamente al diario «El mundo», en el que han aparecido esas descalificaciones dirigidas a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Carlos Granados, Perfecto Andrés, José Antonio Martín Pallín y Enrique Bacigalupo. Los cinco se pronunciaron en contra del reingreso automático en la Judicatura de Gómez de Liaño, por considerar que esta pretensión del Gobierno no se ajusta a las exigencias legales. Los dos últimos, además, forman parte del Tribunal que tiene pendiente dictar la resolución sobre aplicación de la gracia y están siendo objeto de repetidas descalificaciones utilizadas por Gómez de Liaño para promover recusaciones que han rechazado dos Salas distintas del Supremo.

PRESCINDIR DE ARGUMENTOS

El órgano de gobierno de los jueces señala en su declaración que «respeta plenamente el ejercicio de las libertades reconocidas en el artículo 20 de la Constitución» y reitera que la crítica de las resoluciones judiciales «no sólo es posible sino, además, deseable». «No obstante —añade— debe expresar con la misma energía su más firme rechazo de aquellas manifestaciones que, despreocupándose de los argumentos en los que se apoya el acuerdo adoptado —en este caso, desconocido, pues aún no se ha redactado— descalifican personalmente a los magistrados que han asumido una posición diferente a la sostenida por quien incurre en tal descalificación e insinúan, al tiempo, la parcialidad del proceder de aquéllos».

Según el Consejo, los fundamentos y fallos de las resoluciones de los jueces «pueden someterse al más riguroso escrutinio y merecer la discrepancia radical de quienes los consideren jurídicamente desacertados. Ahora bien, mientras la crítica razonada es, sin duda, enriquecedora y contribuye al afianzamiento del Estado de Derecho, la que se vale de juicios ad hominem lo empobrece y degrada».

Vocales propuestos por el PSOE plantearon la posibilidad de remitir las informaciones periodísticas al Ministerio Fiscal para que estudie si contienen injurias al Tribunal Supremo, idea que abandonaron en aras a la unanimidad de la declaración.