Asesinado a tiros en Colombia un activista de los derechos humanos

Uno a uno están siendo asesinados en Colombia los defensores de la vida. El sábado por la tarde, en su oficina de un barrio residencial de Bogotá, le tocó al abogado Eduardo Umaña Mendoza, un hombre de 50 años que representaba en este país la máxima expresión de la defensa de los derechos humanos. Le mataron como se mata en Colombia: fácilmente. Dos hombres y una mujer, que se presentaron como periodistas, entraron en su oficina, encerraron en el servicio a la secretaria, se introdujeron en el despacho del jurista y le dispararon -usando silenciador- tres tiros en la cabeza.Como ocurre siempre en estos casos, el Gobierno prometió una investigación exhaustiva y ofreció también una recompensa de 40.000 dólares (unos seis millones de pesetas) para quien dé pistas sobre el paradero de los asesinos. Nadie cree en la efectividad de lo uno ni de lo otro. En un largo comunicado, 15 ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos culpan al Estado del crimen. "Eduardo siempre luchó contra el Estado que se sustenta en la ignonimia, la guerra sucia, el terror, el hambre, la pobreza, la corrupción y la exclusión de las grandes mayorías. Ese, y sólo ese Estado es el responsable de su muerte, así como de la de innumerables luchadores populares".

El jueves, también fácilmente, fue asesinada la ex militante del Partido Comunista María Arango en su casa de las afueras de Bogotá. "Lo grave es el clima generalizado de intolerancia que favorece estos crímenes", dijo a este periódico Jaime Prieto, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y uno de los firmantes del comunicado. En los últimos dos años han sido asesinados en Colombia 21 luchadores por la vida.

Casos de desaparecidos

Desde 1975, en que obtuvo su título de abogado, Umaña jamás manejó un caso fácil. Acompañó a madres e hijos en la interminable búsqueda de huellas de sus familiares desaparecidos, defendió a sindicalistas y presos políticos, colaboró en procesos de paz con grupos guerrilleros y atacó a la justicia sin rostro, a la que calificó como instrumento de persecución política. Actualmente, entre otros, representaba a los familiares de las personas que desaparecieron tras la toma del Palacio de Justicia por el grupo guerrillero M-19 en noviembre de 1985. Estaba empeñado en saber la verdad.Después de 13 años logró que se aprobara la exhumación de los cadáveres de una fosa común donde supuestamente estaban algunas de estas personas desaparecidas. "Hay mucha gente interesada en impedir este proceso", repitió muchas veces Umaña. Había aceptado también constituirse en parte civil de la reapertura del proceso por el asesinato del caudillo liberal Jorge Elieser Gaitán, ocurrido, hace 50 años. En sus últimos días contó muchas veces que existían pruebas que implicaban en este magnicidio a personajes muy importantes aún vivos.

Umaña jamás aceptó guardaespaldas ni medidas de seguridad, "eso no es vida", decía.