El PSOE dice que lleva dos años pidiendo que se anulen los límites que impiden recurrir algunas sentencias

La sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid (véase EL PAÍS del 12 de septiembre) que critica que algunos condenados no puedan recurrir una si son condenados en la segunda y última instancia después de haber quedado absueltos en la primera ha estimulado a los socialistas a recordar que llevan dos años pidiendo al Gobierno que regule la doble instancia en el proceso penal. "El Gobierno lleva dos años sin hacer nada", declara María Teresa Fernández de la Vega, viceportavoz del PSOE en la comisión de Justicia e Interior. Según la sentencia de la Sección Quinta, un acusado absuelto en un tribunal de lo penal (primera instancia) puede ser condenado luego en la Audiencia provincial (segunda instancia) si se ha presentado recurso del fiscal o de un particular. El condenado no tiene capacidad ya de recurrir y, sin embargo, ha sido condenado por primera vez. Este resultado, según los jueces, va contra el artículo 14, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles suscrito por España el 30 de abril de 1977. "Con una reforma generalizada de la regulación de la doble instancia y una reforma del recurso de casación para que lleguen más temas al Supremo, quedaría todo resuelto", argumenta la diputada socialista.Carlos Ollero, magistrado de la Audiencia Nacional, acepta la resolución de los jueces de la sección Quinta, pero matiza que pueden darse varias interpretaciones del Pacto Internacional. Para Ollero, a lo que obliga el pacto es a que todo caso pueda pasar por dos instancias, la segunda orgánicamente superior. "Y esto sí se cumple en el caso que nos ocupa. La filosofía del pacto", añade, "va dirigida a agotar todos los obstáculos formales que impidan el control", declara Ollero. "Cinco sentencias del Tribunal Constitucional de 1982 y 1985 se basan en esta interpretación del artículo 14 que, por sí mismo, no puede determinar la creación en un país de instancias que no existen en el ordenamiento procesal interno". Este periódico intentó ayer, con resultado infructuoso, hablar con un portavoz del Ministerio de Justicia.