El Gobierno pagará a los funcionarios judiciales tras llegar a un acuerdo verbal con el ministerio

Los funcionarios de la Administración de Justicia en el País Vasco cobrarán un complemento de productividad en noviembre. El Departamento de Justicia cree que ha dado con la solución para resolver, al menos de forma provisional, el conflicto que le enfrenta al ministerio por el sueldo que deben cobrar estos trabajadores. El Gobierno vasco apela a un "compromiso verbal" contraído con un alto cargo del ministerio para que esta fórmula no sea también recurrida. Sin embargo, el Ministerio de Justicia enviará hoy al Ejecutivo autonómico varias "observaciones" a la medida.

El Gobierno vasco y los sindicatos rubricaron en julio del año pasado el acuerdo para la modernización de la Justicia. La homologación retributiva de los 1.700 agentes, oficiales, y auxiliares judiciales fijos y los 200 interinos con el resto de los funcionarios del Ejecutivo vasco, y la determinación de los requisitos para acceder a la plantilla de Justicia, son los dos aspectos más trascendentes de este acuerdo. El pacto, que fue ratificado en un decreto en marzo pasado, se fijaba la equiparación salarial en un plazo de tres años. En la actualidad, un oficial cobra en cualquier juzgado de España 110.000 pesetas mensuales; un agente judicial, 145.000 pesetas y un auxiliar, 122.000. El Gobierno del PP planteó en agosto ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias por entender que Vitoria se había atribuido una potestad que no le correspondía y solicitó la suspensión cautelar del acuerdo en los aspectos relativos a los sueldos y la plantilla. El Ejecutivo central rechaza, por ejemplo, que el Gobierno vasco establezca como requisitos para ser funcionario de Justicia tener cierto nivel de euskera y conocimientos informáticos especiales. Madrid sostiene que los funcionarios judiciales están integrados en un cuerpo que tiene carácter nacional. Por lo tanto, los requisitos tienen que ser comunes en toda España. El Tribunal Constitucional notificó al Gobierno vasco la suspensión en septiembre. Así, los funcionarios han dejado de cobrar los incrementos pactados con el Gobierno durante los meses de setiembre y octubre. Desde entonces, los dos ejecutivos han mantenido diferentes contactos telefónicos para resolver el conflicto. Incluso la ministra Margarita Mariscal de Gante y el consejero vasco, Sabin Intxaurraga (EA), se entrevistaron en Madrid. A raíz de ese encuentro, Mariscal remitió a Intxaurraga una propuesta en la que planteaba el pago de un plus de productividad a los funcionarios, de acuerdo a un Real decreto de 1992. De hecho, este plus se había implantado en diferentes juzgados en otras épocas, en concreto en la sala de lo contencioso y basa la remuneración extra en el alargamiento de jornada y en la realización de horas extraordinarias. El departamento envió una contrapropuesta hace quince días. Al no recibir respuesta, ha decidido aplicar el plus a partir de noviembre. El consejero hizo pública esta decisión ayer, a tres días de las elecciones autonómicas. Tomando como esencia el Real Decreto, el departamento amolda el plus a las necesidades concretas del País Vasco, aunque no lo justifica ni en la prolongación de jornada ni en las horas extras. A pesar de ello, según el viceconsejero de Justicia, Iñaki Sánchez, las características del complemento -que se plasmará en un decreto en el plazo de veinte días- son las que marcó el Ministerio de Justicia en su propuesta. Además, Sánchez señaló que al director de Relaciones con la Administración de Justicia del ministerio, Juan Ignacio Zoido, la propuesta vasca le mereció "una impresión favorable". Esta percepción fue transmitida por teléfono y Zoido ya ha anunciado que hoy enviará una serie de observaciones al complemento. Este plus tiene una vigencia de un año, es transitorio y no acumulativo, por lo que no consolida ninguna situación. Es imprescindible el cumplimiento de una serie de requisitos para su percepción, como la participación en las actividades de formación y aprendizaje del euskera, el uso de la informática y la iniciativa y participación en las mejoras del servicio.