Crimen y justicia

Desde una perspectiva histórica, no existen demasiadas razones para alegrarse por la aparición en la escena jurídica del concepto de "crimen contra la humanidad". Si éstos han tenido que ser inevitablemente tomados en cuenta es porque nuestro siglo, en cuanto a la violación de los derechos humanos, ofrece muchas veces un aspecto propio de un museo de horrores. Incluso si establecemos un ranking entre los matarifes del siglo, el chileno Pinochet se encontraría en una modesta serieB, detrás de una primera fila en la que tendrían asiento Hitler, Stalin (con Lenin posiblemente de mentor y acompañante), Pol Pot, Suharto, el turco Talaat Pachá del genocidio armenio, Franco, Videla y sus compañeros de Junta, el croata Pavelic y los serbios Milosevic y Karadzic. Demasiados crímenes, incluidos los cuatro mil del general chileno, como para que no surgiera a partir del proceso de Nüremberg una saludable reacción defensiva para poner un freno a esa propensión asesina, casi siempre de golpistas, pero alguna vez servida también por jefes de Estado que alcanzaron el poder por medios legales.El proceso de Pinochet, hecho posible por su vocación de turista que ignora la lección de cautela para dictadores dada por Franco, tendría así un valor impagable de ejemplaridad. El gobernante o el golpista asesino sabrá que su suerte a escala internacional es la del delincuente cuyo procesamiento puede ser exigido desde cualquier Estado democrático. Todo lo contrario de lo realizado por EEUU con el asalto a Panamá y la captura de Noriega; no es la fuerza bruta del poderoso la que impone el derecho cuando le conviene, y cuando no calla como ahora, sino la acción de la justicia a la cual el poder político democrático ampara y da los medios para cumplir su función.

El presidente de Chile debiera haberlo sabido antes de meterse él solo en la jaula desde la que descalificó a España, como si fueran el pueblo español o su Gobierno los promotores del caso, y procedió a sancionar la identidad Pinochet igual a Chile, con lo que daba alas desde el primer momento a la extrema derecha de su país. Si en España no hubo el proceso al franquismo fue simplemente porque la fuerza en la transición seguía en manos franquistas; nadie les reprocha a los demócratas chilenos su aceptación de las reglas de juego impuestas por el dictador. Pero por lo menos hubieran debido, por su propio interés, abordar la defensa del "senador vitalicio" distanciándose del planteamiento patriotero y agresivo de los pinochetistas. Y entender que si media Europa reclama al exdictador es porque su acción al frente de la Junta Militar supuso una violación masiva de los derechos de los chilenos, no sólo como chilenos, sino como hombres, y alcanzó a ciudadanos de otros países. Y si hay algún chileno no pinochetista que se siente "humillado" por lo que está sucediendo, lo mejor es recomendarle que vea Missing más de una vez y luego reflexione.

Jorge Edwards evoca para explicar el espíritu de condena hoy imperante la imagen siniestra de Pinochet "con sus gafas oscuras y de músculos faciales contraídos". Es una trivialización excesiva. Las raíces de la movilización contra Pinochet son más profundas. No es la jeta de un milico mal encarado lo que provoca el clamor por la justicia, sino las imágenes de los aviones de la Junta atacando la residencia del presidente democráticamente elegido a quien se aboca al suicidio. Todo un espectáculo de brutalidad eficaz e impune que sirvió de antecedente a otros golpes militares como el de Argentina. Era la muerte de la democracia. El espectáculo actual supone una respuesta al organizado por Pinochet en 1973, del cual sigue el general asumiendo la responsabilidad con orgullo. Desde España, mejor que desde cualquier otro país, cabe entender lo que es una democracia vigilada, pero también por eso mismo decir que las concesiones a los poderes fácticos sólo refuerzan y prolongan su presencia y su amenaza. Es la "doble función" del Ejército que constituyó el núcleo de la dictadura de Suharto en Indonesia y que aún hoy se encuentra vigente en Chile, con organismos como ese Consejo de Seguridad Nacional que legaliza las interferencias militares en el funcionamiento de la democracia. Una situación que deberá ser superada, para lo cual resulta imprescindible liberarse de la sombra de Pinochet.