250.000 peruanas esterilizadas en tres años

"A. M. B., de 30 años, vive en el caserío de Raquia, departamento de Ancash. Fue sometida a un bloqueo tubárico por insistencia de los agentes de salud que realizaron visitas domiciliarias. Le dijeron que, si no se ligaba las trompas, una terrible enfermedad le podía causar la muerte. M. B. es viuda con ocho hijos. Los agentes de salud le dijeron que si se ligaba, nunca más tendría problemas económicos. Le ofrecieron víveres, le mostraron un billete de 100 soles (4.600 pesetas) y le prometieron que con ese dinero podía cubrir todos sus gastos. Ante la insistencia, M. B. accedió. Fue esterilizada en mayo de 1997. Nunca recibió lo ofrecido". Éste es el relato de una de las 250.000 peruanas que ha sido esterilizada a lo largo de los tres últimos años y que forma parte de un informe elaborado por el Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos (CLADEM), que abarca hasta noviembre de este año. Sus conclusiones se basan en casos totalmente identificados. El trabajo de esta investigación será presentado el próximo mes de febrero en Lima (Perú).El azar determinó que en noviembre de 1996 Giulia Tamayo coincidiera con una Campaña de Anticoncepción Quirúrgica en Huancabamba, capital de Piura. Fueron los primeros indicios y evidencias sobre los abusos de la implantación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000). Tamayo estaba con una dirigente local de una ONG en el despacho del director de un centro de salud. En una vitrina vieron varios documentos entre los cuales destacaba uno que contenía las metas numéricas de anticoncepción quirúrgica programadas y ejecutadas en la provincia hasta septiembre de ese mismo año. Terminada la entrevista, al salir del edificio, coincidieron con un vehículo que trasportaba a las que serían esterilizadas ese día. No pudieron conocer sus nombres ni su procedencia. Eran pobres y estaban silenciosas.

Metas numéricas

Éste fue el primer hilo de un ovillo que se ha convertido en el informe Nada personal. Coordinado por Giulia Tamayo, abogada e investigadora en derechos humanos, este documento sobre Anticoncepción quirúrgica en el Perú, revela que el Gobierno de Alberto Fujimori "estableció metas numéricas de usuarias a nivel nacional exclusivamente para el método de anticoncepción quirúrgica" y que estas intervenciones se hicieron "con presión y estímulos a los establecimientos de salud y al personal médico para el cumplimiento de dichas cuotas, lo que propició violaciones de los derechos humanos". Dichas metas, según revelaron funcionarios de alto nivel, eran conseguir 100.000 esterilizaciones el año 1996, 130.000 el 97 y 165.827 este año. El Instituto Nacional de Estadística totalizó 81.761 ligaduras de trompas en el 96. Según expertos en salud, la meta se alcanzó en 1997 y este año descenderá a 43.000 operaciones debido a las denuncias que se empezaron a producir a primeros de año sobre esta práctica de anticoncepción irreversible.Los primeros casos llegaron al Defensor del Pueblo de Perú en 1997. A partir de entonces se irían acumulando evidencias sobre sistemáticas violaciones de los derechos humanos, debido a la política agresiva que imponía la esterilización a mujeres pobres o de extrema pobreza. Según datos de 1996, Perú tiene 23.947.000 habitantes, de los cuales el 50,3% son mujeres y de éstas, 6.259.000 en edad fértil. El 48% de la población se ubica en el estrato pobre y el 18%, en el de extrema pobreza.

La positiva actitud del Defensor alertó en 1997 a los medios de comunicación. La prensa empieza a informar de casos que terminaron en muerte o en complicaciones graves posoperatorias. La reacción del Gobierno es negarlo todo. Según el Gobierno de Fujimori, no había metas en anticoncepción quirúrgica y, por tanto, no había imposición de cuotas de captación de usuarias. El Gobierno acusa a grupos conservadores de impulsar la campaña periodística para generar desconfianza en la población sobre este método anticonceptivo.

En enero de 1998, Grover Joseph Rees, del Subcomité de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos del Congreso Norteamericano, visita Perú. Su informe posterior señala: "Varios doctores y otros trabajadores de salud reportaron a mis informantes que es bien conocido que todo hospital y posta médica tiene una cuota de esterilizaciones a llevar a cabo, y que cada responsable sabe cuál es su cuota. Algunos de estos trabajadores reportaron que las cuotas se subdividen entre doctores y trabajadores de salud. Un funcionario regional de salud reportó haber recibido llamadas periódicas de Yong Motta, ex ministro de Salud y actual asesor en política de salud de Fujimori, el cual preguntó: "¿Cómo van las metas?" Dos funcionarios informaron de que trabajadores de salud pobremente pagados recibieron una bonificación por cada mujer que persuadían para consentir con la ligadura de trompas. Un trabajador reportó que en 1997 se le asignó una cuota de cuatro. La cumplió, pero su jefe le preguntó que a cuántas mujeres adicionales había convencido. (...) El jefe sugirió que les ofreciera alimentos a cambio de su consentimiento...".

Y, mientras tanto, ¿cuál era la posición de los médicos? El presidente de la Federación Médica de Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas, Héctor Chávez, declaró a El Comercio que, si bien reconocía importantes logros al Gobierno, su mayor error era poner en riesgo el futuro del país con las campañas de esterilización. "Tengo mucho temor y mucho que perder al hacer estas declaraciones porque no soy nombrado, sino sólo contratado, y tengo una familia con esposa e hijos que mantener, pero creo que como presidente de la Federación tengo una obligación moral", afirmó.

En esa misma región ocurrió uno de los hechos más estremecedores recogidos por el informe Nada personal: "A. A. A., de 38 años, seis hijos. De acuerdo al testimonio del viudo, su esposa fue convencida para esterilizarse. La intervención se realizó el 21 de julio de 1996. Sufrió perforación de víscera hueca. En el hospital no había anestesiólogo, sólo anestesista. La cosieron y la trasladaron a otro centro. Le dieron el alta el 29 de julio del 96. Falleció en marzo de 1997 en otro hospital. Según el certificado de defunción, la muerte se produjo por una "septicemia ocasionada por un transporte hidroeléctrico como consecuencia de una fístula intestinal, sumándose al cuadro una deshidratación aguda". El cirujano que la esterilizó presentó su renuncia irrevocable".

Si a A. A. A. le convencieron, otros casos demuestran que el Gobierno peruano ha recurrido incluso a coacciones para lograr sus propósitos. Desde los llamados festivales hasta promesas monetarias o de alimentos, muchos han sido los métodos para convencer a la mayoría de las 250.000 peruanas esterilizadas en los últimos tres años. Tamayo enumera en su informe los abusos y otras prácticas violatorias de la esterilización forzada: "Bajo engaño manifiesto, violencia, coacción o grave amenaza hacia la persona objeto de intervención, o hacia su cónyuge; esterilización en el contexto de otra intervención (postparto, postaborto...); por autorización exclusiva de sus parejas varones; engaño sobre el carácter irreversible de la operación...".

El comienzo del fin de estos abusos se inició aquel día de noviembre de 1996 en el despacho de un pequeño centro de salud. Un año antes, el Congreso peruano modificó la Ley Nacional de Población a fin de incluir la anticoncepción quirúrgica voluntaria como una de las opciones y métodos para llegar al 2000 con "2,5 hijos por mujer".