Las eléctricas esgrimen los tribunales como garantes del billón de ayudas

La polémica sube de tono. Las eléctricas esgrimieron ayer la posibilidad de que sean los tribunales los que decidan acerca de la legalidad de los denominados costes de transición a la competencia (CTC), pactados con Industria y que se elevan a 1,3 billones. El vicepresidente de Unesa, la asociación que agrupa a las empresas eléctricas, Pedro Rivero, defendió las ayudas que, según dijo, están avaladas por ley y retó a la Comisión Eléctrica -que exige nuevos cálculos- a cuestionarlas en los tribunales.

La intervención de Pedro Rivero se produjo en un acto organizado por Unesa para examinar la situación del sector un año después del inicio de su liberalización.Frente a las tesis de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), que al igual que la Dirección de la Competencia de la Comisión Europea considera los CTC ayudas públicas y no simples compensaciones, Pedro Rivero defendió los 1,3 billones afirmando que la Ley Eléctrica de 1997 y su memoria económica recogían unos costes de transición a la competencia de 1,9 billones (rebajados a 1,3 a cambio de permitir a las empresas el cobro por adelantado de un billón mediante el mecanismo denominado titulización).

"La ley", afirmó Rivero, "la interpretan los tribunales. La cifra [de ayudas] está en la ley y en su memoria económica y si alguien cree que está mal, que se denuncie". El reto lanzado por Rivero se fundamenta en un dictamen jurídico, elaborado por el catedrático de Derecho Mercantil Eduardo García de Enterría, que apoya el derecho de las empresas a recibir compensaciones por las modificaciones llevadas a cabo en los dos últimos años en el marco legal del sector.

Análisis

En el mismo acto el presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, realizó un análisis demoledor sobre el proceso que culminó en el pacto Industria-empresas sobre las ayudas de 1,3 billones al sector.Los puntos centrales de la intervención de Fernández Ordóñez -origen de la dura réplica de Rivero- pueden resumirse así: no existen cálculos que avalen la cifra de ayudas pactadas entre Industria y las compañías; no hay relación causa-efecto entre las compensaciones y la rebaja de tarifas decidida para 1999 y años siguientes (2,5% este año y 1% hasta el año 2001); no existe competencia real en el sector; el marco en el que se negoció la Ley Eléctrica de 1997 ha cambiado sustancialmente, con una caída de más de siete puntos en los tipos de interés que ha proporcionado a las empresas 490.000 millones de ingresos adicionales y, por último, no hay ninguna razón para que las compañías reclamen ayudas por unas pérdidas que realmente, tal y como se comporta el mercado, no van a tener.

Con la polémica en uno de sus momentos más intensos, el director general de la Energía, Antonio Gomis, presente también en el acto, señaló que la Comisión Europea "aún no ha contestado la solicitud española para aprobar un régimen transitorio para el sector eléctrico de acuerdo con el artículo 24.2 de la Directiva europea. (...) Convendría", prosiguió, "solicitar un estudio bajo los dos puntos de vista" (la consideración de los 1,3 billones como compensaciones al sector y como ayudas públicas). En la entrevista que mantuvieron el pasado lunes en Bruselas el ministro de Industria, Josep Piqué, y el comisario de la Competencia, Karel van Miert, este último dejó claro que la postura de la Comisión es considerar los CTC como ayudas públicas, lo que obliga a su notificación a Bruselas y deja al órgano comunitario la última palabra sobre su cuantía.

Ilegalidad

El PSOE, que ha presentado varias preguntas en el Congreso acerca de las ayudas, insistió ayer en su "ilegalidad" al no haber sido notificadas a Bruselas.En concreto, la diputada María Teresa Fernández de la Vega pide al Gobierno que explique por escrito si piensa comunicar a la Comisión Europea las ayudas pactadas. Asimismo, pide al Ejecutivo que exponga las razones por las que no ha notificado estas ayudas antes de su aprobación y efectividad, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de la Unión Europea.

El Grupo Socialista del Parlamento Europeo las calificó también de "prestación ilegal" y contrarias a la competencia en tres enmiendas introducidas en el Informe Anual sobre la Política de la Competencia. Las ayudas, en opinión de los socialistas del Parlamento Europeo, constituyen un grave precedente jurídico. Por su parte, el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, explicó en conferencia de prensa que las compensaciones al sector eléctrico no computarán en el déficit del Estado aun en el caso de que sean consideradas como ayudas públicas.