La convergencia real y la negociación colectiva.

La fijación definitiva del tipo de cambio de la peseta con las restantes monedas que integran el euro vincula aún más estrechamente nuestro futuro económico al destino del conjunto de los países que forman la unión monetaria. Este salto adelante europeo, de enorme magnitud, no viene acompañado de avances serios en otros terrenos. Como señalan con precisión los expertos del Observatorio Social Europeo, "el desafío hoy es reintroducir la integración monetaria en un proyecto más amplio, el de la integración europea". Pero, al margen de la falta de horizontes de la construcción europea, para España no existe otro proyecto de sociedad que no pase por la progresiva y completa integración en Europa. Éste es el nuevo marco en el que colectivamente nos vamos a desenvolver en el futuro.

La negociación colectiva, de la que dependen la determinación de las condiciones de trabajo y, en parte, el funcionamiento de las empresas del país, no es ajena a este cambio de contexto. Un cambio para cuya adaptación las organizaciones empresariales y sindicales ya veníamos tomando medidas y forjando instrumentos desde hace varios años.

Mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, sistemas de cobertura de vacíos, medidas para restablecer la estabilidad del empleo, promoción de la formación continua y, señaladamente, un modelo compartido para vertebrar y articular la negociación colectiva, entre otros. Ahora, sin embargo, todo esto se tiene que poner a funcionar de manera eficaz.

De poco sirve que las confederaciones empresariales estén dispuestas (aunque es preocupante su reciente pérdida de voluntad negociadora y de progreso en nuevas materias) a abordar el desafío de hacer avanzar los engranajes del sistema de relaciones laborales si, a continuación, las patronales sectoriales y una amplia porción del tejido empresarial se resiste como antaño a aplicarlo en sus ámbitos. Esta actitud de resistencia no es compatible con el reto que tiene delante nuestro país.

El proyecto de plena integración en Europa significa mejorar, acortar distancias en todos los órdenes, sobre todo en el empleo y los derechos sociales: ésta es la convergencia real. Una vez en decadencia (incluso para la derecha) las fracasadas y agresivas recetas neoliberales se vuelve a contemplar con claridad el único modelo sensato para Europa, el que se basa en la alta calidad del trabajo y del producto y en la alta calidad social.

Sólo una parte de la derecha y el empresariado españoles comienza a aceptar este axioma: la integración en Europa no tiene vuelta atrás y son incompatibles con ello la elevada precariedad del empleo, los bajos salarios, la reducida productividad, la ausencia de protección social adecuada y la falta de cumplimiento en el sentido más extenso y estricto de la ley y de los convenios.

En este contexto se deben situar los objetivos que la UGT y Comisiones Obreras nos hemos marcado para la negociación colectiva de 1999. Si el principal problema del país es la creación de empleo, ésta se debe reforzar mediante la política salarial y la reducción del tiempo de trabajo. El crecimiento de los salarios juega, en efecto, un papel esencial. No hay más que comprobar que cuando el aumento del poder adquisitivo ha impulsado la demanda interna, como en los dos últimos años (1997 y 1998), se ha intensificado notablemente la creación de empleo.

Hay dos constantes en las tesis conservadoras al respecto. Una, que los crecimientos salariales perjudican la creación de empleo. La otra es la rigidez con que este planteamiento se aplica independientemente de las situaciones concretas. Es negativo para el empleo, dicen, que los salarios ganen poder adquisitivo, pero lo peor es que crezcan por encima de la productividad.

Justo lo que ha sucedido en los dos ejercicios recientes, con resultados en creación de empleo contrarios a los anunciados. Sucede que la caída de precios de los componentes de producción, la moderación salarial anterior, el saneamiento financiero de las empresas y el crecimiento de la productividad acumulado han llevado a aquéllas a elevar las tasas de rentabilidad de la inversión y los beneficios hasta niveles casi desconocidos.

La perspectiva de crecimiento económico, impulsado en parte por las rentas salariales, ha hecho el resto, registrándose subidas de salarios superiores a la productividad y aumentos notables del empleo. La situación para 1999 es previsiblemente la misma, por lo que los crecimientos salariales tienen que seguir la tónica de estos últimos años aumentando el poder adquisitivo e impulsando la creación de empleo.

En un horizonte de medio plazo, las diferencias de productividad que subsisten en las empresas españolas respecto de las europeas tienen que desaparecer -lo que obliga a aquéllas a realizar esfuerzos suplementarios en materia de inversión, tecnología, innovación, calidad, formación, etcétera-, y los niveles salariales, converger hasta los umbrales europeos.

La otra vía para impulsar el empleo es la reducción de la jornada laboral. Hay muchos que insisten en que no es posible crear empleo con la reducción del tiempo de trabajo. E incluso que ésta es incompatible con el mantenimiento de la competitividad si no se realiza simultáneamente una bajada de salarios. Este planteamiento es demasiado simple, no profundiza en la cuestión y desprecia los casos reales en los que se está produciendo esto que niegan a través de acuerdos entre empresarios y trabajadores.

Hay en las empresas españolas un enorme margen de crecimiento de la productividad en la reorganización del tiempo de trabajo, lo que permite combinar jornadas individuales menores con creación de empleos y mantenimiento o mejora de los costes unitarios de producción.

Las fórmulas para hacerlo son de lo más variadas. La condición es conciliar, a través de la negociación colectiva, las necesidades de las empresas con las demandas de los trabajadores. Pero previamente se debe abandonar la cerrazón mental o el rechazo apriorístico y estar dispuestos a abordar la reflexión y la negociación.

Es lamentable que este Gobierno, a diferencia de muchas comunidades autónomas, no haya querido comprender que es necesario apoyar este proceso. Sólo conseguirá retrasar algo un avance incontenible. Las 35 horas van a estar en el centro de la negociación, ahora y durante los próximos años.

Y, finalmente, el tercer objetivo debe ser la mejora de las condiciones de trabajo y, en particular, de la estabilidad del empleo y la seguridad y salud en el trabajo. Los instrumentos están disponibles. Un nuevo marco de contratación para que el empleo indefinido sea la norma general y que la contratación temporal sea la excepción, utilizable solamente cuando haya una causa de verdadera necesidad. Pero esto dista mucho de ser utilizado adecuadamente.

El exorbitado volumen de empleo temporal ( más de 3,5 millones) no se reduce ni un ápice. La duración de los contratos temporales es cada vez más corta: el 60% dura ya menos de un mes. Asimismo se dispone de todos los mecanismos derivados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero cuestiones como las condiciones de seguridad, el medio ambiente físico, los contaminantes, la carga de trabajo y sobre todo la organización del mismo, que son el origen de los riesgos laborales, no están siendo incorporadas a una política de protección de la salud que equipare realmente nuestras condiciones de trabajo con las que corresponden al entorno europeo.

Es preciso enfatizar, en definitiva, el cambio de mentalidad que requiere el nuevo contexto de mayor integración en Europa. Es insostenible una situación en la que se comparte moneda y reglas de juego europeas y se mantengan condiciones de trabajo deterioradas. Como no pueden ser tolerables actitudes que nieguen el avance en la negociación colectiva del empleo, de la seguridad de los trabajadores y, en suma, de un modelo de relaciones laborales basado en la participación y en la negociación.