El primer informe de Salt Lake City implica a 10 miembros más del COI

El primer informe sobre los medios usados por la candidatura de Salt Lake City para ser sede de los Juegos de Invierno de 2002 ha ampliado el escándalo de corrupción que asola al Comité Olímpico Internacional (COI). Una comisión de ética implica a 10 miembros más en la lista inicial del COI de 14 (uno fallecido), entre dimitidos (4), suspendidos (5), amonestados (1) o aún investigados (3). El informe de más de 300 páginas recoge que el comité de la candidatura de la ciudad norteamericana, capital del estado de Utah, repartió unos 180 millones de pesetas en prebendas.

La corrupción alcanzó niveles "repugnantes", según matizó un miembro del grupo que ha llevado a cabo la investigación sobre el proceso de elección de Salt Lake City. "Algunas de las conclusiones más inquietantes del informe dan ejemplos de transacciones repugnantes y disfrazadas, y de contratos falsos", agregó Robert Garff, actual presidente del comité organizador (SLOC). El amplio informe presentado señala como principales responsables del escándalo a Tom Welch (primer presidente del SLOC hasta que debió dimitir acusado de maltratar a su esposa), Dave Johnson, el vicepresidente, y Craig Peterson. Pero la novedad es que salen nuevos nombres de miembros del COI. Aunque algunas de las acusaciones sean menores, otras, en cambio, parecen incluso tan graves o más que las ya castigadas.

Se trata del general Henry Adefope (Nigeria), por un viaje a Nueva York con su mujer; Ashwini Kumar (India), por 5.099 dólares (unas 750.000 pesetas) del viaje de un pariente a Budapest, donde fue la elección ganadora para Salt Lake City en 1995; Anani Matthia (Togo), por 2.891 dólares (unas 400.000 pesetas), y Rampaul Ruhee (Mauricio), por 3.459 (525.000), por los viajes de sus esposas; Austin Sealy (Barbados), por el pago de 3.000 dólares (450.000 pesetas) mensuales a través de un intermediario; Mohamed Zerguini (Argelia), por 14.500 dólares (2.175.000 pesetas) dados entre 1993 y 1996 a Raouf Scally, al que confundió Tom Welch como el hijo pequeño de Zerguini; Paul Wallwork (Samoa Occidental), por 30.000 dólares (4.500.000 pesetas) ingresados por Welch (que dice están devueltos) en la cuenta de sus hijos a petición de su esposa, que los necesitaba para una amiga "con grandes dificultades"; Shagdarjav Magvan (Mongolia), por 14.174 dólares, (más de 2.100.000 pesetas) para que su hijo Bold estudiara en la Universidad de Utah y de ayuda suplementaria durante un año de trabajo en el First Security Bank; Philip Coles (Australia) y Willi Kaltschmitt (Guatemala), por 31.108 dólares (más de 4.500.000 pesetas) gastos de la estancia de sus familias en Estados Unidos para presenciar una Super Bowl de fútbol americano, más gastos en perfumes y hasta en compras de perros. El informe también implica a los 14 miembros ya investigados por el COI: el fallecido René Essomba (Camerún); los dimitidos Mohamed Attarabulsi (Libia), Pirjo Haggman (Finlandia), Charles Mukora (Kenia) y David Sibandze (Swazilandia); los suspendidos Agustín Arroyo (Ecuador), Jean Claude Ganga (Congo), Abdel Gadir (Sudán), Lamine Keita (Mali) y Sergio Santander (Chile); el amonestado Anton Geesink (Holanda), y los aún investigados Un Yong Kim (Corea del Sur), Louis Guirandou N"Diaye (Senegal) y Vitali Smirnov (Rusia).

Los casos más graves corresponden a Essomba, por donde estalló el escándalo, pues a su hija se le pagaron estudios por más de 100.000 dólares (15 millones de pesetas) y a Ganga, el plusmarquista de corrupcción, al que se acusa de recibir 250.000 dólares (cerca de 40 millones de pesetas), aparte de los 60.000 dólares (nueve millones de pesetas) ya conocidos de beneficios por la compra venta de terrenos. Entre los aún investigados, el surcoreano Kim sigue en el ojo del huracán, pues entre salarios a su hijo y contratos a él y un concierto a su hija pianista se superan largamente los 100.000 dólares (15 millones de pesetas) "no claros".

Todas estas revelaciones coincidieron con el anuncio de la cancelación del contrato de patrocinio de los Juegos del 2002 por parte de la firma de seguros John Hanckok Insurance, que debía aportar unos 20 millones de dólares (3.000 millones de pesetas) en publicidad.