El Ayuntamiento negocia con el ministerio la "justicia municipal"

La aplicación en Barcelona de la llamada justicia municipal está cada vez más próxima. El Ayuntamiento de la ciudad mantiene, desde hace meses, reuniones con los ministerios de Administraciones Públicas y de Justicia para lograr un acuerdo en todos los aspectos que comporta la creación de un nuevo orden jurisdiccional: las competencias que han de tener los nuevos juzgados, dónde se ubicarán, cuántos serán, cómo serán elegidos los magistrados y cómo se les pagará.

Aunque todavía está en fase de negociación, la también llamada justicia de proximidad se encargaría de resolver pleitos civiles de todo tipo relativos a tributos municipales, pequeñas cuantías y sanciones de tráfico. La Carta Municipal prevé la creación de este nuevo mecanismo judicial, pero la primera objeción que ha planteado el Ministerio de Justicia es que no sólo se aplicará en Barcelona, sino que las reformas legales que son necesarias para llevar a cabo este modelo permitirán extenderlo a todas las grandes ciudades españolas. Así ha ocurrido también en los últimos años con otras iniciativas para hacer más ágil el poder judicial, como los llamados juicios rápidos, y que han tenido un éxito muy distinto en varias ciudades españolas en función del acuerdo logrado entre los sectores judiciales y el apoyo institucional para hacerlo posible. El ex portavoz de Jueces para la Democracia (JD) José Antonio Alonso fue ayer muy contundente al asegurar que "en Madrid no hay ni capacidad ni inteligencia para plantear las soluciones que desde hace tiempo se aplican y se proponen desde Barcelona". Alonso explicó estas reflexiones en una jornada celebrada en la Universidad Pompeu Fabra sobre Justicia y calidad organizada por JD y por la Asociación Catalana de Juristas Demócratas. Independencia judicial En ese debate intervino también Jaume Galofré, director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, quien explicó la decidida voluntad municipal de impulsar esa nueva justicia, sin que ello suponga una violación de la independencia judicial. Galofré afirmó que el respeto del consistorio con las decisiones judiciales ya se ha demostrado durante los años en que ha funcionado el Consejo Tributario Municipal, un organismo de juristas que ha tramitado miles de recursos contra tasas municipales y cuyo criterio ha sido respetado siempre por el poder político, excepto en una ocasión. El número de jueces nuevos, los requisitos que deberán reunir y el sistema para elegirlos son algunas de las cuestiones que el Ayuntamiento negocia. El consistorio confía en que el acuerdo político pueda estar cerrado antes de que finalice el año. Guillem Vidal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aseguró en la jornada de debate que la justicia actual es "lenta, oscura y lejana y seguirá siéndolo durante años". Por eso, reclamó "ideas renovadoras" para generar un debate político que mejore la situación.