El Plan Nacional de Residuos plantea reducir un 6% la basura doméstica para el año 2005

A las bolsas de basura doméstica les van a limitar la talla. No van a aumentar de tamaño. Cada español genera al día 1,2 kilos de desechos, según estimaciones optimistas del Ministerio de Medio Ambiente. Con el Plan Nacional de Residuos, cuya aprobación está prevista para antes de fin de año, esa cantidad se verá reducida un 6% para el 2005. No porque lo diga el Gobierno. Lo impone la Unión Europea, que ha denunciado a España ante el Tribunal de Luxemburgo por carecer de una estrategia nacional para reducir la producción de basuras y clausurar los vertederos incontrolados.

A muchos españoles veteranos el salto entre tirar la basura por el barranco o depositarla en bolsas separadas para su recogida selectiva les parecerá un sueño o un incordio. Pero no les va a quedar ninguna alternativa para el retroceso al pasado.La generación de basuras domésticas ha sido tan fuerte como el desarrollo económico. Expertos en residuos calculan que en los últimos años el desarrollo ha producido un incremento del 3% anual en España, cuando los objetivos de la Unión Europea plantean reducirlos.

La última iniciativa para intentar cumplir esos objetivos es el Plan Nacional de Residuos que el Ministerio de Medio Ambiente discute en estos momentos con los sectores afectados, confiado en que pueda estar aprobado antes del 2000.

Aunque lleva un año de retraso sobre el calendario previsto por el actual Gobierno, a nadie le extraña. Cuando Isabel Tocino accedió al departamento ya se encontró con un borrador que había preparado Cristina Narbona en 1989, cuando era secretaria de Estado de Medio Ambiente con el PSOE.

Sellar vertederos

Sobre las 17.175.186 toneladas que anualmente se generan en España, el plan no sólo se plantea reducir esa cantidad en un 6% para el año 2005. Propone objetivos extraordinariamente ambiciosos, según reconocen el propio ministerio y expertos del sector, como reducir en al menos un 45% el volumen de residuos que van a los vertederos, reciclar el 50% de los envases usados, convertir en compostaje para su uso como abono en la agricultura el 50% de la materia orgánica que se deposita en la basura doméstica, sellar todos los vertederos incontrolados e implantar un contenedor de recogida selectiva de vidrio, papel y envases por cada 500 habitantes, de manera que el 75% de toda la población española disponga en el año 2005 de recipientes para separar en origen los residuos de más sencillo reciclado o tratamiento para su uso como materiales intermedios en la fabricación de otros productos (valorización).

Como el propio ministerio reconoce, la desventaja del plan es que parte de unos datos poco fiables, escasamente verosímiles. Todas las cifras que maneja son redondeos de la documentación que le han remitido las comunidades autónomas.

Xavier Garmendia, viceconsejero de Medio Ambiente del País Vasco entre 1991 y 1995 y autor del plan de residuos de la Diputación de Vizcaya, uno de los más ambiciosos de España, dice que hacer un plan con datos que no responden a la realidad resulta complicado: "Es la asignatura pendiente de la gestión de los residuos en todo el mundo". En relación al plan afirma que no distingue entre los residuos propiamente domésticos y los que generan los comercios, oficinas y restaurantes: "Todos se meten en el mismo saco. Todos van al vertedero, cuando las basuras de las oficinas, por ejemplo, se podrían reciclar mucho más".

El consultor vasco considera que sus metas son demasiado exigentes, como optimistas las cifras sobre el porcentaje de basura que se reciclará en una primera fase. "En Vizcaya nos planteamos alcanzar un 18% y el ministerio propone un 25%, es demasiado", añade.

Lo mismo opina Carlos Martínez Ordago, director del Club Español de Residuos, quien insiste en la escasa fiabilidad de las cifras de partida. "Trabajamos con datos desconocidos. Ningún país los tiene homologados. Es un problema común en toda Europa que se quiere solventar con un reglamento".

Para Martínez Ordago, muy interesado en la crítica situación de los vertederos españoles, pensar que se van a sellar los 3.700 vertederos incontrolados y crear alrededor de 200 con arreglo a las normas que exige una directiva europea de reciente aprobación es un objetivo aproximado a la fantasía. "La construcción de nuevos vertederos se está convirtiendo en una epopeya, toda vez que se piden unos precios por los terrenos superiores a los que se solicitarían para instalar un campo de golf. Alcanzan cifras desorbitadas", afirma. Según Martínez, la empresa Urbaser, filial de Dragados y una de las más importantes en el tratamiento de residuos en España, acaba de pagar 1.500 millones de pesetas por 60 hectáreas con esa finalidad.

Además del precio excesivo, los proyectos de nuevos vertederos con arreglo a las severas medidas de seguridad que exige la directiva europea, tienen una enorme contestación social. Nadie quiere tenerlos cerca. Ese sentimiento contrasta con la escasa sensibilidad social hacia el tratamiento de los residuos. El redactor del borrador del Plan Nacional de Residuos desliza en varias ocasiones abundantes quejas como "la fuerte oposición social a cualquier iniciativa tendente a la construcción de infraestructuras o instalaciones para la gestión de los residuos y el escaso conocimiento sobre la materia a nivel ciudadano. Existe una enorme desproporción entre la gravedad objetiva del problema de los residuos (muy grave) y la percepción social de esa gravedad (más bien escasa)".

Inventario público

Tan grande es esa desproporción que casi todos los programas prevén partidas para campañas de divulgación y publicidad sobre los residuos y su adecuado tratamiento. Uno de ellos será la creación de un inventario (como ya existe en Estados Unidos), un banco de datos y un sistema de información nacional sobre generación y gestión de residuos urbanos de libre acceso al público.

Mientras el ministerio recaba la colaboración social porque sin ella el plan haría aguas, los expertos advierten que es más importante la voluntad política de sacar el plan adelante. "Es fundamental que exista un esfuerzo político muy fuerte", apunta Garmendia. "Hay que tener en cuenta que el cumplimiento de sus objetivos recae en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, de manera que se requiere una colaboración profunda entre todas las administraciones", añade, tras poner de ejemplo el plan estratégico de tratamiento de suelos que negoció Narbona con las autonomías.

El borrador del plan valora su ejecución en más de medio billón de pesetas (551.447 millones), pero las tres páginas donde se explica cómo y quién lo financiará están ausentes en el documento entregado para su discusión. Será motivo de debate en la próxima conferencia sectorial del ministerio con las comunidades autónomas.