Árbitro por mandato legal

La máxima expresión de la crisis de Covapa se refleja en la situación que vive FAPA-Valencia, la federación más importante numéricamente. Los miembros de la gestora que acabó en la asamblea de noviembre con la presidencia de Toni Garcés, el número dos de Ranchal en Covapa, están vetados en todos los organismos oficiales. Pese a los escritos remitidos a Educación para que reconozca su mandato, la consejería no se ha pronunciado, alegando que no tiene competencias. Pero los Servicios Institucionales sí han tomado cartas en el asunto certificando la presidencia de Garcés, que él ya ha abandonado. Ello impide al Consell Escolar Valencià (CEV) admitir el nombramiento de la gestora. Éste fue el argumento que trasmitió el presidente del CEV, José Luis Narciso, al presidente de la gestora, José Antonio Moya, el jueves en una reunión privada. Sin embargo, el CEV tiene el mandato legal, según la orden del 22 de abril de 1997, de "dictaminar, previa audiencia de las organizaciones interesadas, las cuestiones que se planteen relativas a la representatividad de los sectores del CEV". Fuentes de Educación adelantaron ayer que el consejero Manuel Tarancón pretende mediar y enviarles el borrador de Pacto que se empieza a negociar el lunes.