El Gobierno y la Junta andaluza amplían a 800 millones el plan de emergencia

La intervención de emergencia que decidieron emprender el pasado martes el Gobierno central y la Junta de Andalucía en el Poniente almeriense irá más allá de la instalación de viviendas temporales para los inmigrantes que se hacinan en cortijos y chabolas. La secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez (que anunció que el martes realizará un viaje a Marruecos para iniciar una colaboración entre ambas Administraciones que permita a las personas inmigrantes retornar con apoyo) asistió ayer a la primera reunión del grupo de trabajo que coordinará el plan de actuación, en el que ambas Administraciones han previsto, por ahora, un gasto conjunto de 800 millones de pesetas. El presidente andaluz, Manuel Chaves, y el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ya se comprometieron el martes a invertir 200 millones en la construcción de viviendas para los inmigrantes del Poniente. En aquella ocasión, Chaves presentó a Pimentel un documento con cinco propuestas de emergencia para mejorar las condiciones socio-económicas que han estado en el origen de los disturbios xenófobos de El Ejido. El grupo de técnicos de la Junta y del Ministerio que se constituyó ayer en Sevilla desarrollará esas propuestas a partir de la próxima semana en Almería.

La Cruz Roja se hará cargo de la instalación de tiendas de campaña para el alojamiento provisional de inmigrantes, hasta que los Ayuntamientos de la comarca cedan suelo a la Junta y el Gobierno para construir viviendas. Además, el plan prevé crear nuevos cursos de formación para los trabajadores inmigrantes y reforzar los centros de enseñanza para facilitar la escolarización de los menores extranjeros.

Ley de Extranjería

El consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, añadió que también se destinarán fondos a establecer "ayudas públicas en la reposición de los daños causados en los incidentes" y a realizar una "campaña de sensibilización para mejorar la convivencia entre inmigrantes y almerienses". Los 600 millones adicionales se detraerán del Fondo de Emergencia Social, que se constituye con subvenciones del 0,5% del IRPF.

Amalia Gómez indicó que el plan servirá, entre otras cosas, para incrementar los recursos de la Administración y facilitar así la aplicación de la Ley de Extranjería en la comarca, pese a que el PP insiste en la necesidad de reformarla. Resaltó la necesidad de "regularizar la situación de los inmigrantes" sin documentos que viven en la provincia, que cifró en 5.000 personas, aunque otras fuentes estiman que pueden superar las 20.000. "Lo primero es acelerar el empadronamiento para que tengan derecho a educación, sanidad y prestaciones sociales, como dice la nueva ley", dijo el consejero andaluz.