El PSC admite que superó el límite legal de gasto electoral y pide transparencia a todos

El Partit dels Socialistes (PSC) asumió ayer de forma solemne, incluso por boca de Pasqual Maragall, que en las pasadas autonómicas superó en casi 200 millones de pesetas el límite legal de gasto electoral, pero lo presentó como un acto en favor de la "transparencia". Todos los demás partidos reclamaron una sanción contra los socialistas, si bien la Sindicatura de Cuentas se declaró incompetente para imponerla porque no hay una ley electoral catalana. El PSC propondrá que el gasto electoral sea auditado por un organismo independiente y no por los partidos.

La Sindicatura de Cuentas, el organismo que fiscaliza el gasto público en Cataluña, ha elaborado un informe sobre el gasto de las últimas elecciones autonómicas, celebradas en octubre del año pasado. Este informe se basa únicamente en las cifras de gasto aportadas por los propios partidos. De acuerdo con estos datos, el PSC gastó casi 200 millones de pesetas más de lo que permite la ley, mientras que las demás formaciones se movieron dentro de los márgenes que prevé la ley.El presidente del Partit dels Socialistes de Catalunya, Pasqual Maragall, admitió ayer sin tapujos el exceso del gasto y lo atribuyó a la transparencia de su partido: "Hemos explicado quizá por primera vez todos los gastos y de forma muy transparente", explicó el líder socialista, quien emplazó a los demás partidos a actuar con la misma transparencia.

Donantes identificados

El PSC hizo en la pasada campaña bandera de la transparencia e impulsó un sistema de recogida de fondos inspirado en la política de Estados Unidos, de forma que en torno al 10% de sus ingresos procede de donantes identificados con nombres y apellidos. Todos los dirigentes socialistas, desde Maragall hasta el portavoz del PSC en la comisión parlamentaria de la Sindicatura de Cuentas, Martí Carnicer, presentaron el exceso del gasto como una consecuencia lógica de dicha transparencia.El informe de la Sindicatura de Cuentas, que ayer fue debatido en el Parlament, se ha elaborado exclusivamente a partir de los gastos declarados por los propios partidos. De estos datos se desprende que sólo el PSC excedió significativamente el límite del gasto legal, en casi 200 millones de pesetas. El informe señala que CiU también lo superó, aunque sólo en 6.000 pesetas.

Todos los partidos catalanes, salvo el PSC, reclamaron que los socialistas sean sancionados por incumplir la ley electoral y recriminaron a la Sindicatura de Cuentas que en sus conclusiones no sugiera ninguna sanción. El síndico mayor, Ferran Termes, propuesto por CiU, explicó a los diputados que la Sindicatura de Cuentas no tiene competencias para sancionar la infracción porque Cataluña no dispone de una ley electoral propia. La elaboración de una ley electoral propia es una exigencia del propio Estatuto que no se ha desarrollado en los más de 20 años de Gobierno nacionalista.

Termes informó de que la entidad competente para dictar una posible sanción -que Maragall se mostró dispuesto a asumir- es el Tribunal de Cuentas y agregó que este organismo ya dispone del informe elaborado por la Sindicatura. En otro informe referente a los comicios en el Vall d'Aran, que también se debatió ayer en el Parlament, la Sindicatura sí establece pequeñas sanciones, por lo que todos los partidos, salvo el PSC, exhortaron a este organismo a aplicar el mismo criterio y sancionar también a los socialistas catalanes.

El PP y CiU fueron más allá y consideraron "gravísimo" que el PSC declare gastos por encima de lo permitido por la ley. La coalición nacionalista arremetió con especial virulencia contra las cuentas del PSC y lo consideraron un ejemplo de que Maragall sería un mal gestor si llegara a la presidencia de la Generalitat. El portavoz del Gobierno, Artur Mas, le acusó de "hacer trampa" en las pasadas elecciones y el diputado Marià Curto insinuó que el PSC no puede reclamar "rigor" en el caso Pallerols si no respeta la ley electoral. Curto calculó en 90 millones la sanción que podría aplicarse al PSC.

Los grupos parlamentarios votarán mañana una resolución sobre el informe de la Sindicatura en la que se instará a sancionar al PSC. Los socialistas, en cambio, consideran que han hecho un gesto de transparencia al dar a conocer el coste "real" de su campaña y presentarán una resolución que insta a la elaboración de una ley electoral propia y propone que sea un organismo externo a los partidos -y no ellos mismos- los que auditen los gastos.