La incineradora de Valdemingómez pasará controles semanales de dioxinas

El Ayuntamiento se ha comprometido a vigilar la incineradora municipal de Valdemingómez muy de cerca en un intento de descubrir qué falla en su interior. La Comunidad de Madrid ordenó cerrar el miércoles uno de sus tres hornos debido a que se habían superado en 15 veces el límite de dioxinas permitido. Por ello, el concejal de Medio Ambiente, Adriano García-Loygorri, ha decidido incrementar los controles. Hasta ahora, el municipio llevaba a cabo exámenes de dioxinas y furanos (sustancias tóxicas) una vez cada tres meses. Tras el remonte de dioxinas, los análisis tendrán una periodicidad semanal.

La Comunidad recibió el miércoles los resultados definitivos de un control efectuado a finales de octubre. El informe indicaba que uno de los tres hornos de la incineradora había emitido a la atmósfera 1,4 nanogramos de dioxinas por metro cúbico, un 1.480% más de lo permitido. La ley prohíbe que se expulsen más de 0,1 nanogramos de dioxinas por metro cúbico. Tras conocer este dato, la Comunidad ordenó el cierre fulminante de este horno. Desde entonces, técnicos del Ayuntamiento investigan la incineradora con la esperanza de encontrar el origen del alarmante aumento. Mientras no se descubra la causa, este horno no se pondrá en funcionamiento, según confirmaron ayer el concejal de Medio Ambiente y el presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón.

García-Loygorri hizo público ayer otro dato: en una medición efectuada una semana después de la que ha hecho saltar la alarma, el horno puesto en cuestión despedía una cantidad de dioxinas que no pasaba de 0,08 nanogramos por metro cúbico. Esto hace pensar al concejal que la incineradora se enfrenta 'a un problema puntual'.

De cualquier manera, tanto García-Loygorri como Ruiz-Gallardón coincidieron en afirmar que, incluso tomando como referencia los 1,4 nanogramos de dioxinas por metro cúblico, la salud de los vecinos de las zonas cercanas a la incineradora no corre ningún peligro.

No piensan así los representantes de la asociación ecologista Greenpeace, que aseguran que las dioxinas son 'cancerígenas' y que han solicitado que se clausure la incineradora.