Retos y oportunidades

Hablar hoy de electricidad es sinónimo de conflicto social. Una infraestructura básica para el desarrollo económico y el bienestar de la población se ha convertido últimamente en una estrella mediática envuelta en la polémica y la confrontación.

Cortes de fluido eléctrico, restricciones periódicas en zonas turísticas, líneas que no se ponen en marcha, nuevas centrales con fuerte oposición popular, planes eólicos que no acaban de funcionar... Todo ello es el resultado de un modelo de liberalización que plantea importantes incógnitas de futuro, pero también de unos gobiernos (en Barcelona y en Madrid) faltos de liderazgo y demasiado acostumbrados a relacionarse con empresas monopolistas.

El modelo de liberalización español, basado en la ley eléctrica de 1997, no está facilitando de momento mayor competencia y está produciendo, en cambio, un progresivo deterioro en la calidad del servicio.

Hoy cuatro empresas se reparten, más que se disputan, el mercado español y una sola -Endesa- disfruta en exclusiva del mercado catalán. El Tribunal de Defensa de la Competencia acaba de establecer unos niveles máximos de concentración del negocio de la generación en el 35% del total, y del 41% en el de la distribución. Es decir, el tribunal opina que para que pueda haber una situación de competencia en un mercado ninguna empresa debe superar dichos niveles.

¿Es válido este criterio para Cataluña? Las empresas y las personas que viven en Cataluña tienen derecho a poder escoger con qué empresa contratan el suministro eléctrico. En las actuales condiciones de concentración de la distribución, eso va a ser muy difícil. Sería deseable que compitieran más empresas en generación, ofreciendo en cada momento el mejor precio del kilovatio.

Para ello es necesario un marco que facilite la entrada de nuevas empresas de generación, bien por compra, bien por inversión en nuevas plantas, y una nueva relación entre distribución y comercialización que permita el ejercicio efectivo del derecho a elegir proveedor.

El acuerdo del Parlament con el Gobierno de la Generalitat para crear una comisión de expertos ha sido un buen comienzo. Ahora ya disponemos de un diagnóstico de la situación; definiremos el futuro, basado en la capacidad de elección del consumidor, la garantía de suministro y la calidad. Todo ello con un profundo respeto por el medio ambiente y la seguridad y la salud de las personas.

Miquel Barceló es diputado en el Parlament del Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi.