Un juez convoca una vista para rehacer los dos tomos desaparecidos del 'caso ERNE'
Faltan 636 folios de un asunto de estafa en un juzgado de Vitoria
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Jaime Conejo, dictó una providencia el pasado viernes por la que abre un expediente de reconstrucción de las actuaciones contenidas en los tomos 6 y 7, 'cuyo paradero se ignora'. La providencia pide que se comunique al Ministerio Fiscal y que se recabe del departamento de informática todas y cada una de las diligencias o resoluciones judiciales que afectan al caso dictadas entre el 16 de marzo y el 16 de noviembre de 1998. Los 636 folios que han desaparecido son actuaciones -al parecer, varios informes periciales- dentro de un sumario por un presunto delito de estafa y apropiación indebida de más de 200 millones de pesetas contra los dos socios de la gestoría ERNE, Francisco Javier López de Landache y José Ramón Saenz de Maturana.
El juez también pide a los abogados y procuradores que representan a las partes en este caso a que acudan al juzgado el próximo día 14 con las fotocopias y copia de actuaciones realizadas entre esas fechas que tengan en su poder, para intentar reconstruir el contenido de los dos tomos.
La desaparición de los dos tomos pone sobre la mesa el escaso control del juzgado sobre unos documentos que tiene que custodiar. El secretario del órgano judicial una diligencia previa a la providencia del juez, pero el mismo día, en la que hacía constar que se había informado 'por los agentes judiciales' que no aparecen dos tomos de actuaciones practicadas en ese sumario. Sin embargo hacía más de dos meses que el juzgado echaba en falta los dos tomos.
Escaso control
En el mismo texto, el secretario achaca la desaparición a los abogados. 'La hipótesis más probable es la de que dichos tomos, facilitados a algunos de los profesionales intervinientes en la causa para la expedición de fotocopias, no fueran reportados a este juzgado una vez realizadas las mismas'. Algunos de los letrados, apuntados por el secretario en ese escrito, ya han hecho mostrar su malestar por la desconfianza y endosan al propio juzgado la responsabilidad del asunto: 'Deberían tener algún tipo de control sobre esos documentos y un registro de a quién se los dejan para hacer fotocopias o para mirarlos', indicaron.
El caso está rodeado de datos que podrían engrosar un libro de marcas locales. El sumario está compuesto por unos once tomos de más de 300 folios cada uno. Desde 1992, los juzgados de Vitoria todavía no han celebrado la vista oral por errores del propio personal del juzgado, que no comunicó a la parte afectada el cambio de diligencias previas a procedimiento abreviado. El numero de demandantes contra los socios de la gestoría, que prometía mucha rentabilidad para el dinero captado y acabó haciendo desaparecer unos 200 millones, asciende a 20.
El caso de nunca acabar
El caso ERNE es el caso de nunca acabar. Comenzó en 1992, y desde entonces sólo ha habido incidencias que han retrasado la celebración de la vista oral, mientras que los principales acusados siguen en libertad y los denunciantes no han recuperado ni una sóla peseta de los más de 200 millones que perdieron. En 1998, cuando las partes y el tribunal se sentaron en la sala de vistas, se suscitó una cuestión de inconstitucionalidad por un error de forma del propio juzgado. El abogado defensor de Maturana solicitó a la sala, como cuestión previa, que se pronunciara sobre un problema suscitado durante el proceso de instrucción. En su opinión era anticonstitucional que el juzgado no le hubiera informado de un cambio de estado del sumario. En un determinado momento pasó de diligencias previas a procedimiento abreviado y, curiosamente, a su defendido, uno de los dos acusados, no le había sido notificado ese hecho. La sala dio la razón al abogado defensor y acordó volver cinco años atrás el procedimiento, aunque sólo en aquellas actuaciones que le afectaban a Maturana. Este implicado declaró que su principal responsabilidad en el caso se limitaba a la joyería River Joyeros, que finalmente quebró, aunque era y es socio de Landache también en la gestoría ERNE. Los inversores, pequeños ahorradores, habían depósitado a ERNE cantidades de hasta 25 millones de pesetas para que se los colocaran en activos financieros, que supuestamente rentaban más que en los bancos. El negocio funcionó hasta principios de los noventa, cuando fracasó 'una desafortunada inversión inmobiliaria', según palabras del propio Landache. Consistió ésta en la compra de una parcela urbana en Las Palmas de Gran Canaria realizada por la empresa Vigamasa, creada, entre otros, por los dos acusados. La pérdida de los dos tomos es un nuevo revés para un caso cuya lentitud está generando crispación entre los denunciantes.
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