El alcalde de Torremolinos, inculpado por un delito contra la seguridad laboral

Fernández Montes declaró durante algo más de una hora ante la juez de instrucción número 1 de Torremolinos. Su defensa se basó en que la dotación del parque era la adecuada, que las acusaciones de los trabajadores eran infundadas y que en realidad la querella respondía a una actuación sindical. Los mismos argumentos que de forma parca, pero rotunda, utilizó al abandonar el juzgado: 'Es una instrumentación política que no va a ir a ningún sitio. Cuando haya un sobreseimiento, actuaré en consecuencia'.

Uno de los querellantes, que compareció a continuación del alcalde, declaró que el deterioro de los equipos era conocido por el Ayuntamiento y que no ponía medios para corregirlo. 'No hacer nada implica una responsabilidad', apuntó. Fernández Montes reconoció ante la magistrada que en su día recibió un escrito de un responsable del servicio en el que le advertía de la situación 'lamentable' de los equipos de protección individuales, aunque él no admitió que fuese así.

Las supuestas deficiencias del parque de bomberos fueron objeto de múltiples protestas a lo largo del año pasado, incluido un strip-tease por el que fueron expedientados 31 trabajadores. Las quejas se centraron en la antigüedad de algunos equipos, que habían sido comprados en 1990, la inexistencia de otros y averías de vehículos. A raíz de aquellas movilizaciones, parte del material fue sustituido. En la querella también están imputados el jefe y el subjefe del parque de bomberos, que prestaron declaración en una anterior comparecencia.

Las relaciones laborales en el Ayuntamiento están judicializadas. Además de la querella, los bomberos han presentado otra demanda por injurias contra el alcalde, por acusarles de haber manipulado las máscaras de respiración; uno de los 31 expedientados que fue despedido ha interpuesto otra demanda y el resto de los sancionados, amonestados con faltas leves, han recurrido esas penas.