La justicia argentina busca a Astiz para entregarlo a Italia

El ex capitán de la Marina argentina Alfredo Astiz permanecía ayer prófugo de la justicia argentina, que tramita su extradición a Italia. El pasado viernes, la juez federal María Servini de Cubría ordenó, a petición de un tribunal italiano, su captura y prisión preventiva hasta que el Gobierno decida si concede o no la extradición. Es la primera vez que la justicia argentina acepta el reclamo de un tribunal extranjero en una causa vinculada con la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. 'En los casos en los que están acusados militares que ya fueron juzgados, el criterio fue negar la extradición, pero éste es claramente distinto y deberá ser analizado', declaró la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Diana Conti.

Astiz, de 50 años, fue acusado del robo de una niña nacida en cautiverio tras la desaparición de tres ciudadanos italianos durante la dictadura militar. La policía no le encontró en el hotel de la Armada, donde tiene registrado su domicilio, ni en la casa de sus padres. Un secretario del juzgado vaticinó que Astiz se entregará en las próximas horas 'porque no puede salir del país y no tiene adónde ir'. El ex marino ya fue juzgado en ausencia por un tribunal francés y condenado a cadena perpetua, y desde entonces pesa contra él una orden de captura internacional. Por esa misma causa, la juez había ordenado ya el arresto del ex capitán Jorge Vildoza, prófugo desde hace más de dos años.

El juez italiano Claudio Tortora reclama a los dos ex oficiales de la Marina argentina por su responsabilidad en la desaparición de tres ciudadanos italianos: Angela María Aieta, Giovanni y Susana Pegoraro, en junio de 1977. Susana Pegoraro estaba embarazada de cinco meses cuando la secuestraron y tuvo una niña en la maternidad clandestina de la Escuela de Mecánica de la Armada, un campo de concentración al norte de Buenos Aires, donde fueron secuestradas y asesinadas más de cinco mil personas. Astiz y Vildoza están acusados del robo de ese bebé nacido en cautiverio, un delito considerado de lesa humanidad que no fue amparado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y que no prescribe con el tiempo.