Televisión pública imprescindible

Este año, como en anteriores ocasiones, hemos tenido nuestra serpiente de verano en forma de debate mediático sobre la conveniencia o no de privatizar RTVE.

El debate es siempre bienvenido, y más en un tema que es desde hace algún tiempo motivo de discusión y de búsqueda de una salida definitiva al endeudamiento crónico de la radio y la televisión pública española, que al final del presente ejercicio alcanzará, si no se remedia, los 800.000 millones de pesetas de pérdidas.

En primer lugar, es importante definir la necesidad de que existan en el panorama audiovisual español una radio y una televisión pública fuerte, al igual que existen, afortunadamente, en diversas comunidades autónomas y de forma especial en Cataluña.

RTVE debe ser expresión del interés general y del pluralismo social, servir como elemento de cohesión territorial y cultural -sin menoscabo de ninguna competencia autonómica-, y contribuir a fomentar el desarrollo intelectual y los principios constitucionales, así como a materializar los derechos fundamentales de libertad de expresión e información.

Como muy bien señala el documento Una alternativa socialista para la reforma de RTVE, RTVE tiene que mantener su triple vocación: generalista en los contenidos, mayoritaria en audiencia y exigente en la calidad de la programación. Ello no significa la reducción de sus funciones como servicio público, sino por el contrario completar el papel formativo y de información con el entretenimiento.

Para que ello sea posible es imprescindible dotar a RTVE de los medios materiales y económicos para que pueda llevar adelante la misión de servicio público.

No se trata de ocultar que la televisión pública española en su época de monopolio vivió con una comodidad de medios y recursos que sin duda creó un sistema de gestión que hoy debemos calificar de obsoleto por su rigidez y falta de controles económicos. Pero no es menos cierto que este debate no debe girar en torno a la privatización o no del servicio público esencial de la radio y la televisión, sino en torno a cómo gestionar de forma más eficaz y menos costosa los servicios públicos en general y la televisión en particular.

El vigente Estatuto de la Radio y Televisión Ley 4/80, nacido al calor de los pactos de la Moncloa para llevar al Parlamento el control democrático de unos medios exclusivamente de propaganda a favor de la dictadura de Franco, ha resultado un instrumento eficaz, pero hoy superado tanto por la fuerza de las comunidades autónomas como por el creciente papel de control que asume la sociedad civil.

Por ello los socialistas hemos planteado la necesidad de alcanzar un pacto de Estado para dotar a RTVE de una nueva regulación que garantice plenamente su independencia y un carácter participativo, innovador y equilibrado, tanto en términos territoriales como de programación, y que sirva de referencia al resto de las empresas audiovisuales públicas.

La independencia del medio tiene que incrementarse reforzando la autonomía de sus máximos gestores y por ello es necesario que sea el Parlamento español la institución que elija al Consejo de Administración y al director general. A mayor abundamiento, la reforma debe prever la creación de un órgano independiente de vigilancia y control de los medios audiovisuales, un Consejo Superior del Audiovisual que, a modo de la exitosa iniciativa del Parlament, vele por la transparencia, el pluralismo y el cumplimiento de las leyes.

Cuando defendemos una televisión participativa queremos garantizar el derecho de acceso de todos los ciudadanos. Dicha participación tiene que llegar también a la organización interna de RTVE mediante la creación de un comité profesional de programas e informativos.

Cuando hablamos de una televisión equilibrada deseamos asegurar el futuro del audiovisual público garantizando el desarrollo de la oferta privada mediante una revisión del tiempo publicitario en RTVE y el fomento de la industria del sector.

Pero todo ello precisa una financiación estable y suficiente que permita su mantenimiento en una dimensión adecuada equiparable a la existente en los medios audiovisuales públicos de los países europeos de nuestro entorno. Este nuevo marco de financiación debe incluir tanto los recursos públicos, vía presupuestos generales del Estado, como aquellos otros que provengan de sus actividades comerciales y de sus ingresos publicitarios. Los recursos públicos que se obtengan -hay que recordar que hasta hoy no ha existido financiación pública, de aquí el déficit acumulado- deben figurar en un contrato específico entre el Estado y RTVE. La emisión del Canal Internacional de RTVE, sus emisiones vía satélite, la existencia de Radio 1, de Radio Clásica, de Radio 3, de Radio 5, de Radio 4 y de Radio Exterior de España, por citar una breve lista, son servicios públicos, como lo es mantener una estructura territorial que responda a las necesidades informativas nacionales, autonómicas y locales. También lo es la permanencia del primer centro de producción después de Madrid, en Sant Cugat del Vallès o en Canarias, y la existencia de una emisora de Radio Nacional de España por provincia. También lo son determinadas programaciones que deben ser abordadas por TVE, al margen de su aceptación por audiencias masivas u otras formas de éxito comercial o económico.

No es una utopía reformar RTVE y lograr el consenso ciudadano que justifique una dotación presupuestaria anual. La cohesión social, la convivencia, la libertad de pensamiento y expresión, el reflejo de una sociedad más real y auténtica de lo que actualmente vemos a través de la televisión privada y de demasiados programas de la televisión pública es posible. Otros países lo han logrado y nosotros necesitamos el valor y el apoyo político y ciudadano para decir que queremos una televisión pública, democrática, participativa, solidaria y de calidad, y que estamos empeñados en recorrer el camino hasta lograrlo.

Anna Balletbò es miembro del Consejo de Administración de RTVE.