El 'botellón'

En el fenómeno del botellón -la utilización de la vía pública por miles de jóvenes y adolescentes para consumir bebidas alcohólicas- se cruzan dos problemas: las molestias para los vecinos y el consumo de alcohol a edades cada vez más tempranas. Están relacionados pero son dos asuntos diferentes. El Gobierno ha intentado resolver ambos con la medida, anunciada por el ministro Rajoy, de prohibir el consumo de alcohol en la calle y aumentar las multas para los comerciantes que las vendan a menores de 18 años. Es una aproximación necesaria, aunque seguramente deberá complementarse con otras medidas.

El fenómeno del alcoholismo juvenil está recogido por las estadísticas, pero la sociedad -los poderes públicos, las familias, los centros educativos- ha tendido a escandalizarse más que a tomar las medidas preventivas que suelen adoptarse ante otros fenómenos de parecida gravedad. Los accidentes de las noches de los fines de semana debidos al alcohol se han convertido en una rutina, y ya casi está asimilado el dato de que al menos la cuarta parte de las muertes de jóvenes europeos de 15 a 29 años está directa o indirectamente relacionada con la bebida. La ausencia de reacción social, a diferencia, por ejemplo, de la que suscita el consumo de estupefacientes, resulta seguramente inseparable del profundo enraizamiento que el consumo de bebidas alcohólicas tiene entre la población adulta.

Es la ocupación de zonas urbanas por parte de los jóvenes bebedores nocturnos, con la consiguiente tabarra para los vecinos, la que ha hecho saltar las alarmas. Justificadamente. Una cosa es soportar el ruido y las molestias colaterales de una fiesta patronal celebrada a fecha fija una vez al año, y otra no poder dormir en todas las noches de todos los fines de semana del año porque los jóvenes de una ciudad han decidido tomar una determinada plaza o encrucijada como bar público. El derecho de los vecinos debe ser garantizado por las autoridades. Con prudencia, como corresponde a toda actuación de la autoridad policial, y previendo alternativas. Pero sin olvidar que la mayor imprudencia es una pasividad que sea interpretada por los vecinos como una invitación a actuar por su cuenta.

Si las medidas legales anunciadas por el ministro del Interior expresan un intento serio por parte del poder de invertir la cultura de tolerancia hacia el alcohol, habrá que darlas por buenas. En principio, todo lo que sea retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol es positivo. Globalmente, las cifras sobre el consuno de alcohol en España y sus efectos sobre la salud y la conducción son hoy tan alarmantes como hace 10 o 15 años. La diferencia es que la edad de iniciación ha retrocedido hasta los 13 años.

El paquete legislativo prevé extender a toda España la prohibición de consumir alcohol en la calle, elevar de los 16 a los 18 años el límite de edad para su compra, endurecer el régimen sancionador contra los establecimientos que incumplan la normativa y restringir la publicidad de bebidas. Son medidas ya vigentes, y ensayadas con escaso éxito en los ámbitos autonómico y municipal, que ahora se quieren aplicar con más rigor desde una normativa estatal.

La experiencia de esas comunidades y municipios indica que las soluciones drásticas no siempre son las mejores y, en general, que es difícil acabar con el problema. Pero también que es posible aminorar sus efectos colaterales, especialmente si las medidas coercitivas se combinan con otras tendentes a estimular cambios en los hábitos de ocio juvenil, diurno y nocturno. No es mucho, pero es lo que hay.