La revisión a medio plazo de la PAC desde la perspectiva española

El pasado 10 de julio, la Comisión Europea ha presentado un proyecto de reforma de la Política Agraria Común (PAC). Nadie podría cuestionar los objetivos que la Comisión dice perseguir con esta reforma: legitimar la PAC ante los contribuyentes europeos, mejorar la seguridad alimentaria, garantizar la protección de los animales, reforzar las condiciones medioambientales, apostar por producciones de calidad y mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias son objetivos que todos los gobiernos europeos pueden compartir sin duda alguna.

Ahora bien, el problema no son los objetivos, sino los medios utilizados para su consecución.

La Comisión en su propuesta sigue tres líneas de acción diferentes:

En España, 196.433 agricultores podrían ver reducidos sus ingresos en 525 millones al año

Las ayudas totalmente desconectadas dificultan la política de ordenación de producciones

a) Modifica determinadas organizaciones comunes de mercado.

b) Incrementa las dotaciones de las políticas de desarrollo rural traspasando recursos desde la política de mercados reduciendo paralelamente las ayudas que perciben directamente los agricultores.

c) Finalmente, modifica sustancialmente el actual sistema de ayudas a los agricultores, reemplazando las ayudas que éstos perciben por razón de los cultivos que producen por un pago único desvinculado de la producción, basado en los pagos históricos que cada explotación hubiera venido percibiendo en un periodo de referencia.

Veamos los efectos de estas tres líneas de actuación sobre la agricultura española:

a) Las reformas planteadas para los cereales en general, el trigo duro en particular, arroz y forrajes desecados, afectarán a más de 376.000 agricultores que verían reducidas anualmente sus ayudas en más de 290 millones de euros. Lo curioso es que la Comisión fundamenta estas reformas en la presunta sobrecompensación existente en algunos sectores olvidando que si en la PAC hay sobrecompensación, no son los sectores reformados los causantes de la misma, sino que ésta se produce como consecuencia de pasadas reformas que asignaron rendimientos diferentes a determinadas regiones favoreciendo de modo permanente a las zonas de más alta productividad.

b) El sistema de trasvasar recursos financieros a través de la modulación produciría grandes distorsiones en el campo español porque no estamos ante una modulación en el sentido clásico, sino ante una degresividad de las ayudas con ligeros ajustes.

La franquicia de 5.000 euros establecida sin ningún requisito beneficiaría a perceptores de ayudas que no son agricultores a título principal y que tienen la agricultura como un hobby o actividad complementaria.

A todos los agricultores que perciban entre 5.000 y 300.000 euros se les da un mismo tratamiento aplicándoles el mismo porcentaje de reducción sin consideración a la rentabilidad de las explotaciones. La reducción del 20% de las ayudas no tiene el mismo alcance en las explotaciones más rentables ubicadas en las zonas más fértiles de la Unión Europea, que el que pueda tener en zonas como las mesetas castellanas en las que pérdidas del 20% de las ayudas dejaría de hacer rentable hasta los cultivos con menores costos de producción. El modelo de modulación que propone la Comisión adolece de una evidente falta de cohesión económica y social, y su aplicación en España podría suponer que 196.433 agricultores verían reducidos sus ingresos en más de 525 millones de euros al año, importe que en el modelo propuesto incrementaría la financiación de las políticas de desarrollo rural que Gobierno y comunidades autónomas realicen.

c) Finalmente, el cambio del sistema de ayudas desvinculándolas de la producción y convirtiéndolas en un pago único para cada explotación basado en la media de las ayudas comunitarias percibidas en un periodo de referencia ha sido desarrollado, defendido y cuestionado en medios universitarios y académicos, pero nunca ha sido aplicado de forma íntegra por ningún Estado de nuestro entorno. La referencia más próxima es el esquema derivado de la Fair Act del año 1996 de Estados Unidos, que ha sido prácticamente abandonado por la nueva Farm Bill del año 2002, en la que se articulan instrumentos de apoyo y regulación más ligados a las producciones y a los mercados.

Las ayudas totalmente desconectadas dificultan la política de ordenación de producciones y los ajustes que en los diferentes sectores hayan de plantearse. Si el apoyo se produce de forma global e indiscriminada a las explotaciones, los mercados se verán saturados de aquellos productos más rentables por sus menores costos de producción y, además, los productores se orientarán hacia aquellos sectores que requieran menos mano de obra, lo que agravará la situación laboral en el sector agrario.

Las razones anteriores justifican que desde la perspectiva española no pueda compartirse el contenido de la reforma que propone el comisario Fischler. No obstante, siendo respetuosos con el método comunitario y la capacidad de iniciativa de la Comisión, entendemos que la propuesta de reforma merece ser discutida y analizada con todo detalle, tanto por el Parlamento y por el Consejo, como por los sectores afectados y el conjunto de la sociedad. Y sólo después de celebrado en profundidad este debate, y constatada la existencia de un consenso sobre la viabilidad del modelo resultante sugerido, debería la Comisión presentar propuestas concretas de reglamentos al respecto.

Desde las posiciones españolas se colaborará siempre en el debate sobre las mejores soluciones y alternativas para la PAC y se harán las correspondientes aportaciones al respecto en la búsqueda de una política agraria común que se adecue a la multiforme realidad de la agricultura española.

Miguel Arias Cañete es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.