CiU no contabilizó un crédito de 3 millones de euros en las autonómicas

Convergència i Unió (CiU) no contabilizó adecuadamente un crédito de tres millones de euros (500 millones de pesetas) que le fue concedido el 20 de septiembre de 1999, sólo 10 días antes del inicio de la campaña electoral. Tampoco ha justificado suficientemente a qué actividades destinó este dinero, según indica el último informe de fiscalización de los partidos elaborado por el Tribunal de Cuentas, enviado al Congreso a finales de 2002. CiU asegura que los fondos se solicitaron para financiar una campaña de su grupo en el Parlament.

La financiación de la campaña autonómica desencadenó una tormenta política en 2000, cuando la Sindicatura de Cuentas, el equivalente catalán al Tribunal de Cuentas, detectó que el Partit dels Socialistes (PSC) había excedido el gasto permitido por ley en un millón de euros. Esta irregularidad le valió una sanción de 169.000 euros, que le serán descontados de las subvenciones previstas para el próximo ciclo electoral. Todos los partidos -y especialmente CiU- criticaron entonces con saña el exceso de gasto del PSC, que lo justificó en aras de la "transparencia".

En las elecciones de 1999, CiU declaró un gasto de 437 millones de pesetas, con lo que únicamente sobrepasó en 6.000 pesetas el desembolso que le autorizaba la ley. Este ajuste casi milimétrico fue puesto en cuestión por los socialistas, quienes consideraron poco creíbles las cuentas presentadas por la coalición nacionalista. Por ejemplo, mientras que el PSC declaró haber gastado 141 millones de pesetas en publicidad en "prensa periódica y emisoras de radio privadas" -el 202% más de lo permitido-, CiU, con una presencia pública similar durante la campaña, declaró por el mismo concepto 61 millones de pesetas, sólo el 0,01% más de lo permitido.

El último informe del Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio de 1999, ha descubierto ahora que el grupo de CiU en el Parlament obtuvo un crédito de 500 millones de pesetas justo antes de las elecciones autonómicas de 1999, con la Cámara ya disuelta. Convergència no contabilizó adecuadamente este crédito en su contabilidad, subraya el Tribunal. "La aplicación de dichos fondos debería estar integrada o bien en las cuentas presentadas por la coalición CiU, en las que, como se ha comprobado, no figura, o bien en las cuentas de las formaciones que componen dicha coalición, en la parte que les corresponda según los acuerdos previstos", se escribe en el informe. El crédito, en cambio, figura entre los "créditos a largo plazo con empresas del grupo".

Fuentes de CDC explican que el crédito lo solicitó este partido a petición del Grupo Parlamentario, que pretendía llevar a cabo una campaña explicativa sobre su actuación. Las mismas fuentes añaden que si finalmente el préstamo lo solicitó Convergència en lugar del grupo fue para salvar las reticencias que las entidades bancarias tienen ante entidades que, como los grupos parlamentarios, se crean y desaparecen cada cuatro años.

El portavoz del grupo parlamentario de CiU en aquel momento, Raimon Escudé, hoy militante de ERC, dijo a este diario que desconocía que su grupo hubiera solicitado dicho préstamo.Fuentes cercanas al actual portavoz, Ramon Camp, señalaron que el crédito se pidió en su día para financiar una campaña del grupo y que en estos momentos se está amortizando "con total normalidad". Según consta en la petición formal del crédito, el grupo parlamentario CiU lo solicitó con el objetivo de llevar a cabo "una campaña publicitaria explicativa de la actividad desarrollada por dicho grupo parlamentario y de su programa de actuaciones para los próximos cuatro años".

El Tribunal de Cuentas advierte, no obstante, de que no ha podido precisar cómo empleó CiU los 500 millones de pesetas logrados a las puertas de la decisiva campaña electoral de 1999. "La falta de justificación documental supone una limitación al alcance de la fiscalización de la aplicación de dichos fondos, y por tanto a la evaluación de la regularidad y transparencia de la actividad desarrollada".

Pese a ello, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas en España desmenuza el crédito en tres tipos de gastos. En los tres casos se trata de destinos genéricos, no siempre con la debida justificación y sin relación aparente con la aludida campaña del grupo parlamentario.

De acuerdo con la distinción del Tribunal de Cuentas, cerca de 181 millones "corresponden a diversas facturas, de las que, si bien se ha facilitado el detalle de cada una de ellas, no se ha aportado el documento acreditativo". Un total de 164 millones corresponden a "aportaciones a la coalición CiU, de las que se ha comprobado su ingreso en la contabilidad de esta formación correspondiente a 1999 y 2000". Finalmente, un tercer bloque, de 148 millones, figura como aportaciones a los "grupos parlamentarios y municipales, si bien no se ha podido comprobar su aplicación".

El Tribunal de Cuentas ha detectado también un gasto electoral suplementario del Partit dels Socialistes, que eleva todavía más la cifra en que excedió la cantidad permitida por la legislación. El informe añade a los 169 millones de más que ya descubrió la Sindicatura de Cuentas otros 2,3 millones de pesetas correspondientes "al alquiler de la oficina electoral del candidato".

Asimismo, el Tribunal de Cuentas también eleva el exceso de gasto que este partido tuvo en las elecciones municipales del mismo año. A los 12 millones de pesetas ya conocidos deberían sumarse los gastos financieros derivados de un préstamo de 155 millones de pesetas solicitado para la campaña. La diferencia, que el informe no cuantifica, no alteraría la multa estipulada.

El estudio también cuantifica el coste de la precampaña del PSC en las autonómicas: los socialistas gastaron 305 millones de pesetas, casi tanto como Esquerra Republicana e Iniciativa juntos durante la campaña.