Rajoy advierte a Atutxa de que puede incurrir en delito

El Gobierno tiene claro que si el Parlamento vasco no ejecuta la exigencia del Tribunal Supremo de disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, sucesor de Batasuna, incurrirá en un delito castigado en el Código Penal. Así lo manifestó ayer el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, tras el Consejo de Ministros. Rajoy reclamó al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, del PNV, que cumpla la sentencia del alto tribunal.

Atutxa manifestó el jueves que sólo una modificación del Reglamento de la Cámara vasca permitiría aplicar la sentencia del Tribunal Supremo y disolver el Grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, ya que el vigente no contempla esa posibilidad.

Atutxa defendió el jueves llevar este debate al pleno del Parlamento vasco. De hacerlo, difícilmente podrá salir adelante la decisión del Tribunal Supremo ya que los votos del PP y Partido Socialista de Euskadi, que respaldarían la disolución del grupo sucesor de Batasuna, no serían suficientes para reunir los 45 votos necesarios para reformar el Reblamento de la Cámara vasca.

Según los servicios jurídicos del Parlamento vasco, dado que las actuales normas que rigen la Cámara vasca no establecen quién tiene la competencia para disolver un grupo y teniendo en cuenta que el voto de ese pleno sería secreto, la Fiscalía tampoco podría actuar por desobediencia contra ningún parlamentario.

Sin embargo, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene claro que si el Parlamento vasco incumple la resolución del Tribunal Supremo y no disuelve el Grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, incurrirá en delito de desobediencia. El artículo Artículo 410 del Código Penal establece: "Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

Rajoy calificó de "argucia" los argumentos ofrecidos la víspera por Atutxa para evitar la ejecución de la resolución del Supremo. "Se trata de acontecimientos de enorme gravedad sin precedentes en los que el Parlamento vasco se sitúa fuera de la ley", opinó Rajoy. "Me parece incomprensible que en la Europa democrática en la que afortunadamente vivimos haya un presidente de un Parlamento que se niegue a cumplir una resolución judicial. Eso es un delito. Qué autoridad moral puede tener un presidente de un Parlamento que aprueba leyes para imponérselas al resto de los ciudadanos si él se niega a cumplirlas".

A juicio de Rajoy, lo que pretende el PNV, y con él Atutxa, al proteger al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak es "un esfuerzo especialmente grave a la búsqueda de votos de Batasuna". El partido ilegalizado ha pedido el voto nulo para las elecciones y el PNV ha pedido ese voto a sus simpatizantes.

Rajoy fue pesimista sobre la posibilidad de que la próxima semana el PNV suavice su posición respecto a la sentencia del Supremo y termine por acatarla. "No creo que el PNV cambie de postura pues responde a una estrategia de Xabier Arzalluz que comenzó hace mucho tiempo, con la firma del Pacto de Lizarra en 1998. A la vista de la trayectoria del PNV tengo muy poca confianza en un cambio. Sistemáticamente se han venido oponiendo a todas las medias destinadas a arrinconar al entorno de ETA que es también ETA, como la Ley de partidos o la materialización de la ilegalización de Batasuna".