¡Pobre política!

En la opereta rufianesca de los dos tránsfugas del PSOE de la Comunidad de Madrid hay algo sobre lo que quizá no se ha reflexionado lo suficiente, el inmenso daño que esta torva maniobra ha causado a la política democrática de nuestro país. Y ello con independencia de cuál sea la resolución del caso. Después de un periodo de calma relativa vuelve al centro del foco público la inclemente colonización de la política por tramas de oscuros intereses privados. Es inevitable una cierta sensación de déjà-vu y que cunda el desánimo sobre las posibilidades efectivas de una renovación a fondo del mundo de la política. Con la consecuencia inmediata de trasladar lo que son casos puntuales no ya sólo al PSOE como un todo, sino a la generalidad de la clase política. Eso que tantas veces hemos escuchado de "todos los políticos son iguales", que es la mejor manera de abandonar la dimensión ciudadana, y encima con pretendida buena conciencia.

En este ejemplo, y por mucha retórica que se empeñe en utilizar el PP, todos acaban, en efecto, contagiados por el mal. El PSOE, por razones obvias, y con el agravante de que Zapatero había elevado la renovación democrática del partido al santo y seña de su discurso. Pero el PP no sale mejor librado. No ya sólo porque algunos de sus miembros hubieran tenido contactos con la confabulación mafiosa. También porque -y esto es una obviedad- no hubiera hecho falta recurrir a dichas artimañas si el PP hubiera mantenido el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es fácil imaginar por qué. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que las redes de los intereses inmobiliarios -y no sólo éstos- no conocen de fronteras partidistas y se ceban sobre cualquier decisor político con independencia del partido al que pertenezca. Algunos caerán y otros no.

Paradójicamente, lo que todo esto demuestra es que Zapatero al menos había apuntado bien en su objetivo de renovar y dignificar la vida política. Trató de transmitir la ilusión de que la clase política podía sintonizar con los intereses y anhelos de la ciudadanía y debía estar blindada frente a la corrupción. Hoy esto parece más imperioso que nunca. Por eso este affaire, que le ha saltado a mitad del camino, ha debido ser particularmente doloroso. Para el PP, sin embargo, la "renovación" ya está hecha y aquí no hay nada que limpiar salvo en el patio del adversario. Las diferencias a este respecto son siderales.

La segunda afrenta a la política democrática ha consistido en la propia gestión del conflicto. Tanto unos como otros han recurrido a la fácil salida jurídica, montada sobre un verdadero arsenal de querellas, para buscar una solución a lo que constituye un problema puramente político. ¿Para qué elegimos a los políticos si cuando luego hay un conflicto recurren a los jueces para que lo resuelvan? Este síndrome, que goza de innumerables antecedentes, amenaza con vaciar del todo la dignidad de la política. A parte de que haya una evidente responsabilidad penal en las actitudes de los tránsfugas, supongo que alguien sería responsable de su inclusión en las listas. Y estos responsables lo son ante la sociedad y el partido, no ante los jueces. En el caso del PP, inmune, al parecer, a que nadie responda por algunos desastres en determinadas gestiones ministeriales, la amenaza de la querella busca eludir ahora el tener que dar explicaciones. Esa permanente actitud del honor herido no les exime de aportar razones convincentes sobre sospechas fundadas.

Sí, nada nos aventura una política dichosa en un país en el que la ciudadanía comienza a desconfiar de sus líderes y carece de un espacio público mínimo para el debate político, que es suplido por un inmisericorde bombardeo de banalidad televisiva a espuertas. Y donde los políticos prefieren que sus disputas las resuelvan los jueces (o el fiscal general, como en el País Vasco). Con todo, como bien decía Bernard Crick, "la política como actividad merece ser honrada como la clave de la libertad, por encima del comportamiento de los políticos".