Vacaciones, un asunto de Estado

Estamos en los primeros compases de la sinfonía de una campaña electoral para elegir al próximo Parlamento. A veces uno se pregunta si en estos eventos se trata sólo de manifestar la simpatía por tal o cual persona como candidato a Presidente del Gobierno o, en un grado mayor de elaboración de la decisión, si debemos manifestar nuestra simpatía a la forma en que tal o cual partido presenta su mensaje. En definitiva, cuestiones que tienen poco que ver con la idoneidad o no de los partidos y sus líderes para resolver las cuestiones de interés general y mayoritario. El problema es que los gobiernos actúan para ser reelegidos al cabo de cuatro años y ello les obliga a priorizar las cuestiones con réditos en el corto plazo, aunque los intereses generales tengan más relación con el largo plazo.

En cualquier caso, creo que el deber del ciudadano es participar en democracia como si nada de esto sucediera y como si las convocatorias electorales fueran revisiones conspicuas de lo que cada partido ofrece, para finalmente optar por aquello que más nos interesa. En este sentido, parece conveniente que los partidos declaren sus opiniones respecto a uno de los problemas con mayor incidencia en el futuro de Andalucía: las vacaciones de los españoles.

Muchos de nosotros acabamos de volver de las vacaciones estivales. Tenemos recuerdos y sensaciones intensas pero contradictorias. Estamos contentos por haber disfrutado del mar y de la playa, relajados por el placer de sentir el suave paso del tiempo y por el cambio de nuestras ocupaciones, concentradas en lo doméstico o en la diversión. Sin embargo, la experiencia vacacional está asociada también a una intensa irritación. ¿Cómo es posible que tenga que hacer colas diariamente para entrar en el pueblo costero donde he pasado el verano? ¿Cómo soportar el trastorno de tantos cortes en el suministro de agua que perdí la cuenta? ¿Cómo se entiende que haya tenido que esperar horas, junto con otros sufridos adictos al periódico, día tras día, para comprar mi ejemplar en el quiosco? Y así un largo etcétera de incomodidades y de situaciones mal atendidas por los servicios públicos, en los comercios y en la hostelería.

Creo que la razón es clara: no cabemos. Las carreteras no pueden dimensionarse para la cantidad de vehículos que salen de las grandes ciudades los mismos días con destino al litoral andaluz. No tenemos agua para atender a los cinco millones de veraneantes de agosto. Los bares y restaurantes se afanan para comprimir en mes y medio la necesidad de obtener los beneficios de un año entero.

Pero, no nos engañemos, el problema no es de capacidad. La solución no está en construir más viviendas o en ampliar las carreteras. Cuanto más crezcamos en este sentido, más grave será la situación. En los últimos años el parque de segunda residencia en el litoral ha crecido en más de 200.000 viviendas y las inversiones en carreteras han aumentado de forma espectacular. Las relaciones entre Sevilla y las costas de Huelva y Cádiz disponen de mucha mayor capacidad que hace diez años, pero los atascos no remiten e incluso se agudizan. Es posible, incluso, que sea muy negativo para la región que nuestras costas estén sembradas de ciudades fantasma durante todo el año, que, sin embargo, se ponen a reventar en verano, porque ello genera empleo estacional de baja calidad y porque afecta negativamente a otras opciones de actividad turística más continua y estable.

Hay más de un millón de viviendas para pasar las vacaciones en las costas andaluzas. Muchos nos preguntamos: ¿Es realmente inevitable y necesario que todos vengan al tiempo? No sería mejor utilizar las carreteras, los servicios públicos y los establecimientos de hostelería y diversión durante más meses, atendiendo al cabo del año a más personas, pero de una forma más ordenada, sin atascos, con mayor calidad y beneficios para todos.

Para enmendar esta situación, necesitamos que el Gobierno español tome medidas que suponen cambios y riesgos, pero también ilusiones y confianza en el futuro. No es tan difícil. Se trata de promover medidas para que las vacaciones sean distintas según territorios. Se puede diseñar un calendario escolar variable en sus fechas para las distintas comunidades autonómicas, se puede estimular a la administración pública y a las empresas para que sus períodos de paralización o de funcionamiento en ralentí sea también variable y coincidente con el calendario escolar. No es una idea revolucionaria, ni tan innovadora. En Alemania y en Francia ya se aplica. En el caso de estos dos países, creo que el detonante fue la congestión viaria y la palpable necesidad de racionalizar el uso de infraestructuras y equipamientos para las vacaciones. En España podemos emprender igualmente este tipo de medidas porque además serían enormemente beneficiosas desde el punto de vista ambiental y social para Andalucía y otras regiones litorales.

Imagínense que pudiésemos distribuir la marabunta veraniega a lo largo de cinco meses. No habría atascos de tráfico, funcionaría bien la recogida de basuras y las depuradoras y las pequeñas empresas de hostelería y comercio podrían mantener su nivel de actividad y sus empleos durante cinco meses. El único problema es que la mayor parte de la gente prefiere o se ha acostumbrado a tomar las vacaciones entre el 15 de julio y el 30 de agosto. No es un hábito intocable. En otros países europeos las familias toman una o dos semanas de vacaciones en verano y reparten el resto en varios viajes más cortos. Se suele argumentar en contra que en España hace mucho calor y que no se puede trabajar en verano, sin embargo, las cifras de este verano indican que el número de viviendas y oficinas con aire acondicionado en las ciudades ha crecido extraordinariamente.

Parece conveniente y necesario, incluso inevitable, abordar ya el asunto de la organización de las vacaciones con la perspectiva que contempla el bienestar colectivo en el largo plazo, porque, si no, corremos el riesgo de colapso. Las vacaciones son un asunto de Estado, porque afecta a todos los ciudadanos, porque estamos causando una grave erosión del patrimonio natural y cultural de nuestro litoral y porque esta modalidad de concentración del ocio en seis u ocho semanas perjudica notablemente al desarrollo sostenible de nuestra economía turística, el primer sector económico de nuestro país, crecientemente desequilibrado por el crecimiento sin límites del ya enorme parque de segundas residencias con utilización muy baja a lo largo del año.

Juan Requejo Liberal es consultor de planificación.