El Gobierno da largas al deseo del portavoz de Rabat de viajar a Madrid
Mustafá Sahel, el ministro marroquí de Interior, se resiste desde hace seis meses a viajar a España para tratar de zanjar el contencioso sobre la inmigración clandestina. Otro miembro del Gobierno marroquí, Nabil Benabdallah, que ostenta la cartera de Comunicación, sí ha solicitado, en cambio, visitar Madrid, pero no ha recibido respuesta a su petición.
La Embajada de Marruecos en Madrid remitió, a finales de septiembre, una nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores pidiendo que se organizase un viaje de trabajo a Madrid del ministro de Comunicación y Portavoz del Gobierno marroquí. Su propósito era conocer a sus homólogos -el vicepresidente Javier Arenas y el portavoz, Eduardo Zaplana- y exponer sus planes en materia de liberalización del sector audiovisual, según indican fuentes diplomáticas de ambos países.
"He manifestado ese deseo y la embajada ha hecho lo necesario", afirmó, en una conversación telefónica con este periódico, Nabil Benabdallah. "No se ha recibido contestación" de España, añadió el ministro, que ignora los motivos por los cuales no se le ha respondido. "Mi propósito es discutir de la colaboración española en la apertura del sector audiovisual".
Asuntos Exteriores remitió la solicitud marroquí a la Secretaría de Estado de Comunicación, a la que corresponde proponer fechas para la visita ministerial. Fuentes de este departamento afirman, sin embargo, ignorar si se le ha trasladado la petición de Marruecos. "Parece claro que para la Secretaría de Comunicación ese viaje no es una prioridad", comentó un funcionario español.
En aplicación de las instrucciones del rey Mohamed VI, Benabdallah pondrá fin en 2004 al monopolio público de la radio y televisión, en el que ya hay dos exenciones: la primera fue concedida en 1980 a la emisora Medi 1, con capital francés, y la segunda, este año, a la norteamericana Sawa.
La perspectiva de la liberalización ha incitado a emisoras públicas y privadas de Francia y del Reino Unido a preparar solicitudes de concesiones, pero hasta la fecha ninguna empresa española ha manifestado interés.
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