Una apuesta por descentralizar la Generalitat

La descentralización de poder a los municipios es la gran asignatura pendiente en el proceso de construcción del modelo de Estado que surge de la Constitución de 1978. Y lo es especialmente en Cataluña, donde la autonomía ha servido para desarrollar una Administración fuertemente centralizada en las instituciones de la Generalitat, como se evidencia en el recién publicado Informe Pi i Sunyer sobre la ampliación de competencias municipales. Las cifras son suficientemente elocuentes. Actualmente, en España el gasto de la Administración local representa el 13% del gasto total del sector público, mientras que en los países de estructura federal, con los que España puede compararse, el gasto de las administraciones locales se sitúa a un nivel mucho más alto: Alemania, 15%; Canadá, 18%; Suiza, 23%, y EE UU, 26%. En el caso de Cataluña, el peso de la Administración local es del 16%, aunque esta cifra no es directamente comparable con las anteriores, al ser aquellas referentes al conjunto de los entes locales de un país y no a entes locales pertenecientes a regiones equiparables económicamente a Cataluña.

Descentralizar a los municipios no es un capricho, es un medio para hacer más eficaces las prestaciones públicas

Por otra parte, descentralizar a los municipios no es, ni mucho menos, un simple capricho estadístico o una mera fórmula para redistribuir el poder político. Por el contrario, hay un consenso creciente en que descentralizar es en muchos casos un medio para mejorar la eficacia de las prestaciones públicas. Sin duda es así en el caso de las políticas públicas para la cohesión y la integración social, en las cuales la proximidad proporciona la necesaria adecuación de la actividad pública a realidades muy diferentes, facilita la participación social y hace posible la formulación y desarrollo de acciones y políticas transversales, imprescindibles para atajar la pobreza, las desigualdades y la marginación social. De ahí que resulte altamente aconsejable descentralizar competencias de la Generalitat a los municipios en educación, vivienda y políticas activas de ocupación, pues éstas son, además de los servicios sociales, las funciones públicas más directamente vinculadas a las políticas públicas para la cohesión y la integración social.

Hay, pues, razones sobradas que aconsejan trasladar a los entes locales muchas de las funciones que actualmente ejerce la Generalitat en materia de educación, vivienda y políticas activas de ocupación. Pero no es una tarea sencilla. No cabe duda de que la Generalitat tiene capacidad jurídica para hacerlo. Pero es igualmente cierto que la mayoría de ayuntamientos catalanes no dispone de la capacidad política y de gestión necesarias para asumir estas nuevas funciones; sin embargo, para eso están comarcas y diputaciones (o futuros consejos regionales): para apoyar, complementar o suplir a los municipios. Se impone, por lo tanto, un proceso de descentralización en una lógica de geometría variable: en las ciudades medianas y grandes, las nuevas competencias que propugnamos deben ser para los ayuntamientos; en el resto del territorio, para consejos comarcales, diputaciones o futuros consejos regionales.

Un proceso de estas características, en buena lógica, debe ser gradual, empezando por los ayuntamientos más capacitados e interesados y debe proseguir, completando el proceso a medio plazo, en todo el territorio. El instrumento idóneo para un proceso de estas características, al menos a corto y medio plazo, es la delegación de competencias a favor de los entes locales que lasrequieran, pues esta institución facilita la gradualidad, la diversidad de soluciones, la adopción de compromisos financieros ajustados y el mantenimiento de unas ciertas capacidades de dirección y control ahora en manos de la Generalitat.

La ejecución de este proceso supondrá una cierta homologación en el grado de descentralización con los países federales puestos como ejemplo. Así, con el traspaso de las funciones citadas, el gasto público local aumentaría, de media, en un 23%, pasando el peso de la Administración local del 13% actual al 16% en el conjunto estatal, cifra más próxima al peso de los países citados. Para el caso de Cataluña, se pasaría del 16% actual al 20%.

Lógicamente, el proceso anterior deberá implicar que los gobiernos locales reciban la financiación adicional necesaria para cubrir el aumento de gasto. Este ajuste en la financiación deberá arbitrarse, en buena parte, entre la Administración autonómica (titular actual de las funciones a traspasar) y la local, sin olvidar que el Gobierno central también ha de participar como responsable último de las principales fuentes impositivas.

Desde el inicio de la etapa democrática la Administración local ha tenido un papel decisivo en la transformación que ha experimentado este país y ha llevado a término una buena gestión de los recursos que ha tenido atribuidos. Por tanto, los gobiernos locales están legitimados para reclamar un mayor protagonismo dentro del conjunto del sector público, dotándoles de más responsabilidades y de los recursos suficientes para llevarlas a cabo. En definitiva, es la hora de potenciar el poder local y de reforzar su capacidad financiera.

Josep Mir, profesor titular de Derecho Administrativo de la UPF, y Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la UB. Autores del Informe Pi i Sunyer sobre la ampliación de competencias municipales.