Educación en derechos humanos: asignatura suspensa

Se ha cumplido ya el 55º aniversario de la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos por las Naciones Unidas, un texto cuya importancia conviene seguir recordando. Porque, sin esos derechos, nuestra Constitución se rompería en mil pedazos, arrastrando en el naufragio uno de los pilares de nuestro sistema social: el derecho a la educación. Y por eso no se entiende que -como señala el documento de investigación de Amnistía Internacional, Educación en derechos humanos: asignatura suspensa (Informe sobre la formación en las escuelas de magisterio y facultades de pedagogía y ciencias de la educación en materia de derechos humanos) (http://www.a-i.es/temas/educa/eq_educa_c.shtm)- en nuestro país prácticamente ningún futuro educador profesional oiga hablar de derechos humanos durante sus tres o cinco años de formación universitaria.

Pero no se trata tan sólo de que no haya asignaturas referidas directamente a estos derechos básicos. El informe denuncia que "España no ha cumplido con las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de educación en derechos humanos. Tanto desde el Estado como desde las comunidades autónomas, España ha ignorado las directrices fundamentales que con motivo del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos (1995-2004) se recomendaron: Plan Nacional o planes autonómicos de acción, y dentro de éstos, la creación de un comité nacional o comités autonómicos para la educación en la esfera de los derechos humanos". ¿Una cuestión ideológica? No, nos parece. Más bien creemos encontrarnos ante la habitual falta de miras de muchos de nuestros políticos -de uno y otro lado-, más pendientes de rentabilizar políticas de corto alcance.

Bien es verdad que la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) es un texto basado, en su mayor parte, en principios de eficacia empresarial, que prima la calidad de resultados instructivos frente a aspiraciones de equidad y de una educación de calidad real para todos. Esta filosofía educativa implica necesariamente una degradación de la educación en actitudes y valores y, por tanto, un mayor alejamiento de la educación en derechos humanos.

En cualquier caso, no es nuestro propósito utilizar la reivindicación de la educación en derechos humanos para arremeter contra la política educativa del Gobierno o de las comunidades autónomas. No queremos caer en el error de identificar la enseñanza de derechos con una orientación política particular, porque estaríamos tergiversando el sentido educativo de los mismos.

Una prueba de lo anterior es que tampoco en el ámbito universitario, y específicamente en las facultades de Educación, apenas ha habido esfuerzos por promover la enseñanza de los derechos humanos. Probablemente porque hemos considerado este tema tan básico como algo natural, creyendo que siempre va a estar ahí, hagamos lo que hagamos. Grave error. Los derechos humanos responden a un desarrollo histórico que trata de reflejar lo que los seres humanos tenemos en común. Si entendemos que la dinámica, defensa y promoción de estos derechos es automática, al modo en que el sol sale todos los días, lo más probable -hay escandalosos ejemplos recientes- es que terminen siendo manipulados, y hasta usurpados, por intereses de grupos concretos para justificar todo tipo de atropellos contra la libertad, la justicia y la igualdad.

La principal tarea de la educación en un Estado de derecho es lograr una formación de talante humanizador. ¿Para qué le sirven los derechos humanos a un educador? Pues para comprender, precisamente, que su labor básica es ayudar a sus educandos a que alcancen proyectos de vida -tanto personales como sociales- más humanos.

La idea de la dignidad, base constitutiva de la igualdad, contribuye decisivamente a resaltar las bases éticas de la educación, porque nos ayuda a comprender el significado humanizador de las finalidades educativas. Nos ayuda a comprender que cuando afirmamos, por ejemplo, que la tarea educativa trata de favorecer el desarrollo personal, los derechos humanos son la base jurídica y ética necesaria para establecer qué valores resaltan la condición humana. Los educadores que, además de enseñar estos derechos, pretenden hacer de la educación un derecho humano son aquellos que, a su vez, están guiados por el interés pedagógico de resaltar lo más humano de sus alumnos: los que, allí donde estén, logren para todos más libertad, más justicia, más igualdad, más pluralismo, más tolerancia o más solidaridad.

Por otra parte, los derechos humanos ofrecen a los educadores el horizonte crítico necesario para saber armonizar sus funciones conservadoras y transformadoras. Un educador puede animar a sus alumnos a que aspiren a lograr la suficiente madurez moral para analizar críticamente si sus comportamientos, las normas de convivencia o las instituciones amplían o reducen las expectativas de moralidad de los derechos humanos. Y el mismo educador, a través de los derechos humanos, puede analizar críticamente su tarea cotidiana: ¿lo que estoy haciendo y diciendo, y cómo lo hago y cómo lo digo, respeta realmente la dignidad de mis alumnos? ¿Qué ideas y supuestos sobre la educación me acercan o me alejan de favorecer su desarrollo humanizador?

Nos parece que la enseñanza de la igualdad esencial de los seres humanos puede ayudar a un educador a obtener una visión apasionada de las diversas y variadas posibilidades del desarrollo humano. El informe de Amnistía Internacional (AI) trata de fomentar el debate sobre esta carencia y alentar a los responsables de política educativa, a las autoridades universitarias y a los docentes de todos los niveles para que hagan un esfuerzo por conseguir que la educación en derechos humanos sea una asignatura aprobada, por lo menos, en septiembre.

Fernando Gil, Pedro López y Francisco Anguita son profesores de la Universidad Complutense de Madrid. López y Anguita son miembros de Amnistía Internacional.